Asaga, COAG, UPA y Palca reclaman una reunión urgente con el consejero Narvay Quintero y alertan de cambios normativos que, a su juicio, comprometen la recuperación del sector tras la erupción del Tajogaite
Soldecanarias.net / La Palma
La reconstrucción del campo palmero tras la erupción del volcán Tajogaite ha abierto una nueva brecha en el seno del sector agrario canario. Las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad legal en el archipiélago Asaga Canarias, COAG Canarias, UPA Canarias y Palca han solicitado una reunión urgente con el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, para “corregir a tiempo una deriva que puede comprometer seriamente la recuperación” de la isla.
En una carta remitida el pasado 26 de enero, las entidades expresan su malestar por lo que consideran una exclusión sistemática de los procesos de modificación normativa vinculados al marco de ayudas extraordinarias aprobado tras la erupción de 2021 en el Valle de Aridane. Las OPA sostienen que las consejerías de Agricultura y de Presidencia esta última dirigida por Nieves Lady Barreto están impulsando cambios en el Decreto-ley 3/2024 sin contar con los interlocutores agrarios reconocidos.
El trasfondo del conflicto no es menor. Según las organizaciones firmantes, existen criterios y procedimientos en la tramitación de ayudas que generan “profunda preocupación” en el sector, al entender que podrían estar alterándose condiciones inicialmente establecidas para acceder a los apoyos públicos destinados a las explotaciones arrasadas por la lava del Tajogaite, en la dorsal de Cumbre Vieja.
Fondos, reintegros y seguridad jurídica
Uno de los puntos más sensibles es la posible utilización de fondos regionales del presupuesto de 2026 para cubrir el perdón de reintegros vinculados a ayudas al plátano concedidas en el ejercicio 2021-22, una cuantía que oscilaría entre nueve y once millones de euros. Las OPA advierten de que decisiones de este calado requieren “seguridad jurídica, transparencia y confianza institucional”, especialmente en un contexto de reconstrucción aún frágil.
También muestran inquietud por el impacto que determinados cambios puedan tener sobre el programa comunitario Posei —instrumento clave de apoyo a las producciones agrarias de las regiones ultraperiféricas—, actualmente en negociación en el marco del futuro presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2028-2034.
Aunque la reunión solicitada con el consejero ha sido fijada para el 26 de febrero, las organizaciones denuncian que, en paralelo, se han celebrado al menos dos encuentros técnicos para avanzar en la reforma normativa sin su presencia. En esas citas, aseguran, sí han participado otras entidades radicadas en La Palma, como la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican), que no cuenta con la condición de organización profesional agraria reconocida a nivel regional.
División en el sector
La controversia se ha trasladado al plano público. Atratican ha expresado su respaldo a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno autonómico y la patronal de empaquetadoras y exportadoras de la isla, defendiendo que las ayudas “por fin avanzan” tras más de cuatro años de espera. La asociación ha cuestionado la implantación real de las OPA en La Palma y ha negado que existan compromisos incumplidos.
El cruce de comunicados evidencia una fractura en la representación del sector primario palmero en plena fase de reconstrucción. Mientras las organizaciones históricas reclaman participar en la definición de las reglas del juego, otras entidades más recientes respaldan la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico.
En el trasfondo permanece la imagen de las fincas plataneras sepultadas por la erupción de 2021, símbolo de un territorio que aún intenta recomponer su tejido productivo. La discusión ya no gira solo en torno a la cuantía de las ayudas, sino a quién debe sentarse en la mesa donde se decide su distribución y bajo qué criterios.
En una isla donde la agricultura no es solo economía sino identidad y arraigo, la gestión de la poscrisis volcánica se ha convertido también en una disputa por la legitimidad y la interlocución. La reunión prevista a finales de mes será, previsiblemente, un primer termómetro para medir si el Gobierno logra recomponer el diálogo o si la grieta en el campo canario se ensancha.
