En lo que va de año, 192 obras por valor de 160 millones de euros han quedado desiertas en el Archipiélago. El fenómeno, lejos de remitir, se consolida como un problema estructural que frena inversiones y servicios esenciales.
Soldecanarias.net / Redaciòn
La estabilización de los precios no ha traído consigo la reactivación esperada de la obra pública en Canarias. Aunque la inflación se ha moderado, el número de licitaciones que quedan desiertas es decir, concursos sin empresas interesadas en ejecutarlos— sigue aumentando y amenaza con convertirse en un problema estructural para la economía del Archipiélago.
Según los datos recopilados por las patronales canarias de la construcción, entre enero y agosto de 2025 192 proyectos han quedado sin adjudicar, lo que representa 160 millones de euros de inversión paralizada. En solo ocho meses, la cifra supera ya la de los ejercicios anteriores completos, un síntoma del deterioro del sistema de contratación pública.
La situación tiene consecuencias que van más allá del ámbito empresarial. Las administraciones Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos se enfrentan a la imposibilidad de ejecutar infraestructuras básicas, lo que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Reformas hospitalarias que no comienzan, colegios que no pueden abrir nuevas aulas de infantil o edificios públicos que se quedan en el papel son algunas de las consecuencias visibles del colapso en las licitaciones.
El fenómeno no es nuevo. Entre 2021 y 2022, el número de obras desiertas comenzó a dispararse con la crisis inflacionista. La subida del precio de los materiales, unida a proyectos redactados con precios desfasados, dejó sin licitar 293 obras por valor de 136,5 millones de euros.
Aunque en 2023 y 2024 la inflación empezó a estabilizarse, las administraciones no lograron revertir la tendencia: más de 300 obras quedaron sin adjudicar, por un importe conjunto de 177 millones de euros. Este 2025, la tendencia se recrudece y amenaza con superar los récords anteriores.
Los empresarios del sector alertan de que el problema ya no es coyuntural, sino estructural. Reclaman una revisión de los precios base de licitación, mayor agilidad en la actualización de los proyectos y una simplificación de los procesos administrativos. “Las empresas no pueden asumir obras a pérdidas”, advierten desde las patronales, que piden además medidas urgentes para evitar que la inversión pública motor tradicional del empleo en Canarias quede bloqueada de forma permanente.
Mientras tanto, centros de salud, escuelas y equipamientos públicos siguen esperando. Y aunque la inflación ya no sea el enemigo, la burocracia y la falta de adaptación a la realidad económica podrían convertirse en los nuevos obstáculos del desarrollo en el Archipiélago.
