Visocan adquiere el inmueble en El Fraile y garantiza un alquiler social a las catorce familias que evitaron el desahucio tras más de una década de incertidumbre.
Soldecanarias.net /Arona
Catorce familias residentes en el edificio Aloe I, en el barrio de El Fraile, pueden al fin respirar tranquilas. Tras más de una década de lucha y resistencia frente a múltiples intentos de desahucio, hoy disfrutan de la estabilidad que les otorga un alquiler social de menos de 400 euros mensuales, gracias a la intervención de Visocan, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias, que compró el edificio.
El caso se remonta a 2011, cuando los inquilinos comenzaron a verse amenazados por un proceso judicial tras el embargo del promotor original. La propiedad pasó entonces a manos de Anida Operaciones Singulares SL, del grupo BBVA, que intentó ejecutar desahucios, alegando que los residentes eran «okupas», pese a que todos contaban con contratos vigentes.
María José Regalado, portavoz del colectivo vecinal, recuerda con emoción los años de movilización y presión institucional, incluso encadenándose en las puertas de las administraciones. «No somos okupas, siempre tuvimos contratos. Hoy solo podemos dar gracias porque Visocan reconoció nuestros derechos y evitó una tragedia humana», declaró en Onda Tenerife.
La edil Antonella Aliotti, concejala de Podemos en el mandato anterior, fue clave en desbloquear la situación. En enero de 2022 presentó una moción para que los tres millones de euros que el Ayuntamiento debía a Visocan por una sentencia judicial se destinaran a la compra del edificio Aloe I. “Ese acuerdo se aprobó por unanimidad, y desde junio de ese año el dinero ya estaba ingresado”, recordó la concejala, crítica con la lentitud del proceso.
El relato de estas familias es el reflejo de una crisis habitacional profunda que afecta al municipio de Arona. “Pagar 400 euros por una vivienda completa hoy es casi imposible, ni una habitación se consigue por ese precio”, añadió Regalado.
Además, se avecinan nuevos conflictos. Vecinos alertan sobre inminentes desahucios en otras zonas como El Fraile y Lomo Negro, donde más de 300 viviendas ilegales en suelo agrícola alojan a cerca de un millar de personas. Un problema que, según denuncian, ha sido ignorado durante años por distintas administraciones.
Este desenlace, aunque feliz para las familias del Aloe I, deja una pregunta abierta: ¿cuántas luchas más serán necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna en Tenerife?
