Cuatro organizaciones de productores recurren la norma que regula el reparto de 141 millones anuales, mientras el Gobierno y varias asociaciones defienden su legalidad
Soldecanarias.net / Redacciòn
El conflicto en torno al reparto de las ayudas comunitarias al plátano ha dado un nuevo giro. Tras meses de desencuentros políticos y sectoriales, la pugna se traslada ahora al ámbito judicial. Cuatro organizaciones de productores de plátano (OPP) han decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el decreto autonómico aprobado en mayo, que regula la distribución de los 141 millones de euros anuales del programa comunitario Posei.
La primera en iniciar el procedimiento fue Agrícola Llanos de Sardina, que ha sumado su recurso al ya presentado por sociedades vinculadas a la misma cooperativa. A esta acción se unirán previsiblemente Europlátano, Cupalma y Plataneros de Canarias, todas ellas contrarias al nuevo modelo de reparto que consideran perjudicial para sus intereses.
En el lado opuesto se sitúan Coplaca la mayor organización de productores de Canarias, con cerca del 40 % de la cuota de mercado, la Consejería de Agricultura y varias organizaciones agrarias, como Asaga, Palca y UPA, que respaldan la norma al entender que aporta mayor equidad y estabilidad al sistema.
El decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo tras un largo proceso parlamentario, establece cambios sustanciales en los criterios de cálculo. Entre ellos, un rendimiento máximo de 68.500 kilos por hectárea para el acceso a las ayudas, la ampliación de los periodos de referencia de dos a tres años y la exclusión de nuevas plantaciones del régimen Posei, con excepciones previstas para jóvenes agricultores.
El Ejecutivo autonómico sostiene que esta regulación ofrece un marco “más coherente y sostenible” para el sector, con mecanismos que fomentan el relevo generacional y evitan desequilibrios entre productores. Sin embargo, las OPP disconformes insisten en que el decreto altera las reglas del juego y vulnera sus derechos económicos, lo que justifica su paso a los tribunales.
La resolución judicial marcará un punto de inflexión en un cultivo que no solo representa un pilar económico para miles de familias en Canarias, sino también un emblema de identidad y de exportación bajo la IGP Plátano de Canarias. Mientras tanto, el sector se mantiene dividido entre quienes ven en la norma una oportunidad de mayor justicia distributiva y quienes la perciben como una amenaza a su viabilidad.
