La Audiencia de Cuentas alerta de que el Servicio Canario de Salud utiliza de forma sistemática un procedimiento excepcional para abonar casi la mitad de sus compras y más del 50% de los conciertos con clínicas privadas
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Servicio Canario de Salud (SCS) ha convertido en práctica habitual lo que la ley reserva para situaciones límite. Así lo constata la Audiencia de Cuentas de Canarias, que reprocha a la Consejería de Sanidad el uso recurrente de los llamados expedientes de nulidad para pagar bienes y servicios sin contratos válidos. Solo en 2024, este mecanismo permitió abonar 574 millones de euros, una cifra que equivale a casi el 45% del gasto corriente en bienes y servicios del sistema sanitario público del Archipiélago.
El procedimiento de nulidad está pensado para responder a necesidades excepcionales, como emergencias imprevistas o errores puntuales de tramitación que no pueden paralizar la asistencia sanitaria. Sin embargo, el órgano fiscalizador concluye que el SCS lo emplea de forma estructural para cubrir servicios habituales y previsibles, sorteando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
La dimensión del fenómeno es reveladora. De los 578 millones de euros abonados en 2024 mediante expedientes de nulidad por toda la comunidad autónoma, el 99% corresponde al ámbito sanitario. Ese año, el SCS gestionó más de 110.700 facturas por esta vía, consolidando una tendencia al alza que se mantiene desde hace seis ejercicios, con la única excepción del ajuste posterior a la pandemia.
Especialmente significativo es el peso de los conciertos sanitarios con clínicas privadas. De los 246,8 millones destinados en 2024 a la derivación de pacientes a centros ajenos, 125,4 millones más de la mitad se pagaron sin contratos en vigor. Las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife concentran cerca del 77% de estos expedientes, una proporción que apenas varía respecto a años anteriores.
El informe de la Audiencia de Cuentas apunta a una falta de planificación crónica. Contratos vencidos desde hace años siguen pagándose mediante nulidades, como ocurre con los conciertos de hospitalización de media y larga estancia, adjudicados en 2018 y expirados en 2022, o con servicios como la Medicina Nuclear en el Hospital Doctor Negrín, externalizado desde hace una década sin renovación contractual. Los intentos de regularizar estas situaciones han fracasado o se han retrasado, ya sea por concursos desiertos, pliegos mal definidos o decisiones políticas que no llegaron a ejecutarse.
Los fiscalizadores recuerdan que tanto el Consejo Consultivo como la Intervención General han advertido reiteradamente de esta práctica, sin que la Consejería haya adoptado medidas efectivas para corregirla. Aunque los responsables sanitarios reconocen la necesidad de cambio y aseguran compartir las recomendaciones, el informe subraya que, a día de hoy, esas mejoras siguen sin aplicarse.
El resultado es una sanidad pública que funciona apoyada en una excepcionalidad permanente. Un modelo que garantiza la continuidad de los servicios, pero que debilita la seguridad jurídica, limita la competencia y deja en evidencia una gestión incapaz de anticiparse a necesidades que, lejos de ser extraordinarias, se repiten año tras año.
