Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia refuerzan la exigencia de justificar técnica y económicamente el uso de medios propios en la planificación municipal
Soldecanarias.net / Candelaria
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha cerrado la puerta a la utilización automática de encargos directos a la empresa pública Gesplan para la redacción de instrumentos urbanísticos. Dos resoluciones ya firmes, que afectan a los municipios de Candelaria y Arafo, avalan la postura del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) y consolidan un criterio que introduce un mayor control en la contratación pública local.
En ambos casos, el alto tribunal canario concluye que no basta con recurrir a un medio propio de la Administración para encomendarle trabajos de planeamiento. Por el contrario, exige que el expediente administrativo incorpore una motivación expresa y una justificación técnica y económica que explique por qué se prescinde de un procedimiento competitivo abierto.
La resolución relativa a Candelaria, fechada el 4 de diciembre de 2025, inadmite el recurso de casación presentado y deja firme la sentencia que anuló el encargo a Gesplan para la redacción del Plan Especial de Ordenación del Casco Urbano. En el caso de Arafo, el TSJC consolida la anulación del encargo para la Modificación Menor del Plan General de Ordenación Urbana, en una decisión que adquiere especial relevancia al rechazarse también el recurso interpuesto por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Desde el Colegio de Arquitectos se subraya que ambos fallos realizan una interpretación literal del artículo 15.2 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. Dicho precepto establece que el uso de medios propios en trabajos de planeamiento no puede convertirse en una vía automática y debe estar respaldado por informes que acrediten su conveniencia frente a la licitación pública.
El pronunciamiento judicial llega tras años de críticas por parte de profesionales del sector, que han denunciado una ampliación progresiva de las funciones de Gesplan, especialmente a partir de la pandemia y de la erupción volcánica de La Palma, más allá de su papel tradicional en la planificación territorial y la vigilancia ambiental.
Para el COA, estas sentencias marcan un punto de inflexión en la contratación de servicios urbanísticos en Canarias. A su juicio, el uso sistemático de encargos directos no solo afecta al ejercicio profesional, sino también a la calidad de los planes y, en última instancia, al interés general. De ahí que reclamen a las administraciones públicas el respeto estricto a los principios de transparencia, competencia y libre concurrencia que rigen la contratación pública.
