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viernes, noviembre 14, 2025

La Justicia archiva la denuncia contra el concejal de Urbanismo de Arona y dos técnicos municipales

Luis García, ex del PSOE y actual edil de Más por Arona, atribuye la denuncia a una campaña de desprestigio por parte del exalcalde José Julián Mena.

Soldecanarias.net / Arona

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictaminado el archivo definitivo de la querella interpuesta por el empresario José Ramón Ansorena contra Luis García, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, y dos funcionarios. La denuncia giraba en torno a la decisión tomada en 2018 de consolidar una parcela en Guaza como suelo de uso comercial, pese a que las instalaciones en esa ubicación llevaban más de seis años sin actividad comercial tras el cierre de un concesionario.

García, junto con el arquitecto municipal Damián Hernández y un técnico que certificó la operación, fue acusado de prevaricación, falsedad documental y coacciones. Sin embargo, el tribunal ha determinado que no existen indicios de delito en su actuación.

El concejal ha sostenido en todo momento que esta denuncia es parte de una campaña promovida por el exalcalde socialista José Julián Mena para desacreditarle. Según García, las tensiones con Mena se originaron cuando se negó a bloquear licencias que, bajo el criterio técnico y jurídico, debían tramitarse con normalidad. Estas diferencias políticas derivaron en la ruptura del equipo de gobierno, fracturando la administración municipal en dos bandos.

En 2020, Mena cesó a García de sus funciones y apartó a Damián Hernández, aunque esta última decisión fue anulada judicialmente por vulneración de derechos. El edil cesado sostiene que el exalcalde, junto con personas ajenas al gobierno local, intentaba controlar las decisiones de Urbanismo para servir intereses particulares.

El caso de la nave de Guaza es solo uno de los puntos de fricción entre las partes. Según García, esta y otras querellas impulsadas por Mena contra ciertos proyectos empresariales están siendo desestimadas por los tribunales, lo que refuerza su tesis de que los intereses detrás de estas acciones no son públicos, sino privados.

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