Reduce a cuatro años la inhabilitación solicitada por la adjudicación directa de un proyecto público en Buenavista
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Fiscalía ha decidido rebajar a la mitad la pena de inhabilitación solicitada contra el exalcalde socialista de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu, en el proceso judicial que investiga una presunta prevaricación administrativa relacionada con la adjudicación directa de un proyecto para un centro de discapacitados. La misma reducción se aplica al entonces secretario-interventor municipal, también acusado en la causa.
El Ministerio Público ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas del procedimiento, iniciado hace más de dos décadas. Los hechos se remontan a mediados de la década de los 2000, cuando el Ayuntamiento impulsó el proyecto tras recibir una subvención autonómica y optó por la vía de urgencia para encargar su redacción al estudio del arquitecto Ramiro Cuende, exconcejal socialista en Santa Cruz de Tenerife.
Durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía calificó la adjudicación como una decisión difícil de justificar desde el punto de vista administrativo, señalando que se trató de un encargo “arbitrario” y con graves irregularidades. A su juicio, el entonces secretario municipal incurrió en responsabilidad por no advertir de la anomalía del procedimiento seguido.
El proyecto, que nunca llegó a ejecutarse, fue abonado casi en su totalidad a comienzos de 2007. Sin embargo, la obra no se inició y el documento técnico terminó extraviándose durante años. Según declaró el propio arquitecto, el proyecto se perdió tras una mudanza de su estudio y no fue recuperado hasta 2012, gracias a la intervención de un técnico informático.
Aurelio Abreu, que se acogió a su derecho a no responder a la acusación particular, defendió que firmó el expediente confiando plenamente en los informes técnicos y en la actuación de los responsables municipales. Negó haber participado en negociaciones directas con el arquitecto y sostuvo que actuó convencido de la legalidad del procedimiento.
Por su parte, el exsecretario municipal afirmó que no intervino en la adjudicación y que autorizó el pago por obligación legal, al entender que el trabajo ya había sido realizado y entregado.
La acusación particular, ejercida por el exalcalde que sucedió a Abreu, mantiene además la imputación por malversación de fondos públicos y sostiene que, de haberse ejecutado el proyecto, el coste final habría supuesto un grave perjuicio económico para el municipio.
El juicio continúa a la espera de las conclusiones definitivas, en una causa que pone el foco, una vez más, en el uso de la contratación directa en las administraciones locales y en la responsabilidad política y técnica en la gestión de fondos públicos.
