El Ministerio Público cifra en 7,7 millones el perjuicio fiscal y acusa a altos cargos de la Hacienda autonómica de inacción prolongada
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la compañía petrolera Cepsa actualmente denominada Moeve y una de sus directivas por un presunto fraude fiscal cometido en Canarias durante varios ejercicios. El escrito de acusación va más allá de las penas habituales y plantea, como medida más severa, la disolución de la empresa, al considerar acreditada una conducta reiterada y deliberada contra la Hacienda Pública autonómica.
La causa, instruida en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria desde 2022, se centra en la tributación de combustibles importados por la filial Petrocan entre 2016 y 2020. Según el Ministerio Público, la empresa habría declarado como fuelóleo un producto que, en realidad, debía tributar como gasóleo, lo que permitió aplicar un tipo impositivo muy inferior al correspondiente y ocasionó un perjuicio económico estimado en 7,7 millones de euros.
Junto a la compañía, se sentará en el banquillo la responsable del área de Impuestos Indirectos, para quien la Fiscalía solicita un total de 28 años de prisión, además de una multa millonaria y la inhabilitación para acceder a beneficios fiscales o ayudas públicas durante más de una década.
Diferencias fiscales clave
El núcleo del procedimiento se encuentra en la distinta fiscalidad aplicable a ambos combustibles. Mientras el fuelóleo soporta un gravamen simbólico por tonelada, el gasóleo está sujeto a un impuesto muy superior. Para la Fiscalía, la empresa adoptó de forma “sistemática” una clasificación fiscal incorrecta con el objetivo de reducir su carga tributaria, a pesar de que el producto acababa siendo utilizado como combustible diésel.
La petrolera rechaza estas acusaciones y sostiene que el producto comercializado tenía uso industrial, no vinculado al suministro en estaciones de servicio, por lo que la fiscalidad aplicada era la correcta. Desde la compañía aseguran confiar en que el proceso judicial confirme esta interpretación y han pedido una resolución ágil del caso.
La actuación o falta de ella de la Hacienda canaria
El procedimiento judicial también apunta a la actuación de la Agencia Tributaria Canaria. La Fiscalía acusa a tres altos cargos del organismo autonómico de haber desatendido durante más de dos años las denuncias presentadas por una empresa competidora del sector, con sede en Fuerteventura, que alertó de la supuesta irregularidad en la tributación del combustible.
Según el relato del Ministerio Público, pese a tener conocimiento detallado de los hechos, los responsables de la Hacienda autonómica no llevaron a cabo actuaciones inspectoras ni de control, lo que permitió que la presunta conducta fraudulenta se prolongara en el tiempo. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para los tres funcionarios penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Multas y cierre empresarial
En su escrito, el fiscal especializado en delitos económicos solicita para Cepsa multas que superan los 13 millones de euros y, en función de los ejercicios considerados agravados, la suspensión temporal de la actividad o directamente la disolución definitiva de la sociedad, una medida excepcional en el ámbito penal económico. La petición se extiende expresamente a la empresa “con esta o cualquier denominación posterior”, en alusión al cambio de nombre a Moeve en 2024.
El caso, que se apoya en denuncias presentadas inicialmente en 2019 y trasladadas a la Fiscalía en 2021 ante la falta de respuesta administrativa, entra ahora en una fase decisiva. Será el tribunal el que determine si existió delito fiscal, si hubo responsabilidad penal corporativa y si procede aplicar una sanción tan extrema como el cierre de una de las principales compañías energéticas con actividad en Canarias.
