Se revisarán los expedientes de ‘Navilan’ 2023, Carnavales 2024 y la Feria de Abril, tras denuncias de fraccionamiento de contratos y gastos controvertidos
Soldecanarias.net / Redaciòn
La Fiscalía ha abierto una investigación sobre los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) para varias fiestas municipales que, en conjunto, suman cerca de tres millones de euros. Los contratos bajo revisión corresponden a la feria navideña ‘Navilan’ de 2023, a los Carnavales de 2024 y a la Feria de Abril celebrada en 2024.
Según fuentes municipales, el Departamento de Contratación del consistorio, gobernado por el Partido Popular y Coalición Canaria, ha recibido el oficio de la Fiscalía a través de la sede electrónica y está trabajando para remitir toda la documentación solicitada, asegurando su “colaboración total” con la Justicia. Por el momento, la Fiscalía no ha facilitado detalles adicionales sobre la investigación.
El uso de contratos menores y el elevado gasto en estas fiestas han generado polémica desde el inicio de la legislatura. En el caso de la feria navideña ‘Navilan’ de 2023, el PSOE denunció supuestas irregularidades por fraccionamiento de contratos que sumaron más de 600.000 euros, calificando el episodio como “uno de los mayores pelotazos de los populares en la isla desde el caso Unión”.
Los Carnavales de 2024 ascendieron a un coste de 1,8 millones de euros, mientras que la Feria de Abril de 2024 supuso al menos 137.953 euros en contratos menores, principalmente destinados a actuaciones musicales y artísticas. Entre los artistas contratados para la Feria de Abril destacó José Manuel Soto, cuya presencia generó polémica por declaraciones previas realizadas en redes sociales.
Para organizar la II Feria de Abril, el Ayuntamiento formalizó 24 contratos menores, incluyendo actuaciones de Son de Mimbre, Antonio de la Rosa, Sueño Rociero, Aire de Ketama, Rumbaleando, Arte Flamenco, Laura Doreste, Son Flamenco y Al Son. Según documentos oficiales, algunos gastos adicionales de infraestructuras, medios audiovisuales y luz y sonido se incluyeron en un contrato marco del consistorio, elevando el coste total del evento.
La investigación judicial buscará determinar si los contratos cumplieron con la Ley de Contratación Pública y si existieron irregularidades en su adjudicación, mientras la oposición local continúa denunciando la falta de transparencia y el uso de fraccionamiento para evadir los controles legales.
