El tribunal no aprecia pruebas de concertación ni de ocultación patrimonial en la compra de la gasolinera de Arafo
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al empresario tinerfeño José Miguel González, presidente del Grupo González Canarias y propietario de La Chasnera y varias estaciones de servicio, de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por los que venía siendo investigado desde hace años. En la misma resolución también queda exento de responsabilidad penal el empresario Bienvenido Valenzuela Bernal, ya condenado previamente por estafa en un procedimiento distinto vinculado a los mismos hechos.
La causa se originó a raíz de la compraventa, en 2014, de una estación de servicio situada en el casco de Arafo y de varias acciones de agua, una operación denunciada por la familia vendedora, los Curbelo, que consideraban que se había producido una maniobra fraudulenta para adquirir los bienes aprovechando su situación económica.
Sin embargo, el tribunal concluye en su sentencia que no ha quedado acreditada la existencia de un delito autónomo de frustración a la ejecución de sentencia, al entender que este quedaría absorbido por la estafa ya juzgada en un procedimiento anterior. Asimismo, descarta la comisión de un delito de blanqueo de capitales al no apreciarse pruebas de que González tuviera conocimiento de un origen ilícito de los bienes adquiridos ni de una actuación destinada a ocultar o encubrir su procedencia.
Una operación bajo investigación durante más de una década
Los hechos analizados se remontan a la venta inicial de la gasolinera por parte de la familia Curbelo a Bienvenido Valenzuela, quien incumplió las condiciones pactadas y fue posteriormente condenado por estafa. Apenas unos días después, Valenzuela traspasó la estación de servicio a una mercantil vinculada a José Miguel González por un importe superior a los 800.000 euros.
La Fiscalía y la acusación particular sostenían que ambos empresarios habrían actuado de forma concertada para eludir las deudas que pesaban sobre los vendedores, simulando una operación de compraventa. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitaba para González una pena de ocho años de prisión y una indemnización cercana a los 1,7 millones de euros.
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de octubre, la defensa del empresario negó cualquier acuerdo fraudulento y sostuvo que González desconocía la situación real de las deudas. También alegó que la estación de servicio se encontraba en mal estado y que fue necesaria una importante inversión posterior para su rehabilitación, además de asumir el pago de una hipoteca cercana a los 200.000 euros.
Falta de pruebas concluyentes
La Audiencia Provincial señala que no se ha podido probar que José Miguel González conociera que los bienes hubieran sido adquiridos previamente mediante engaño ni que participara en una estrategia para perjudicar a los antiguos propietarios. Aunque reconoce que la adquisición se produjo por un precio inferior al inicialmente pactado, considera que este hecho, por sí solo, no permite inferir la existencia de blanqueo ni de una conducta penalmente relevante.
La sentencia, notificada este miércoles a las partes, no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de diez días.
Con esta resolución, la Audiencia pone fin al menos en primera instancia a un largo proceso judicial que ha acompañado durante más de una década al empresario y a su entorno familiar, quienes han mostrado su alivio tras conocerse el fallo absolutorio.
