Por Manuel J. F. G., articulista
La reciente propuesta del presidente Pedro Sánchez para regular a la prensa en España es alarmante. Desde Canarias, observamos con creciente preocupación cómo esta iniciativa podría asfixiar la libertad de prensa y la transparencia, pilares fundamentales de cualquier democracia sólida. La historia nos ofrece ejemplos claros de los peligros de tales medidas, desde Argentina hasta Venezuela y Cuba, donde la manipulación y el control de los medios han sido herramientas clave de regímenes autoritarios.
La comparación con el kirchnerismo en Argentina es inevitable. Cristina Fernández de Kirchner intentó, sin éxito, implementar una ley que buscaba controlar a los medios críticos. La Corte Suprema de Justicia de Argentina finalmente frustró este intento, defendiendo la libertad de prensa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: se había establecido un precedente peligroso de confrontación y hostigamiento hacia los periodistas y medios independientes.
Aún más preocupante es el paralelo con Venezuela y Cuba, donde los gobiernos de Nicolás Maduro y los Castro han perfeccionado el arte del control mediático. En Venezuela, la censura y la persecución de periodistas críticos son prácticas comunes, mientras que en Cuba, la libertad de prensa es prácticamente inexistente. Estos modelos de gestión han demostrado ser devastadores para la libertad de expresión y los derechos humanos.
Desde Canarias, debo destacar que este archipiélago, con su rica historia de diversidad y libertad, no puede permitir que España siga un camino similar. La libertad de prensa no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el funcionamiento de una sociedad libre y democrática.
Es crucial señalar que la propuesta de Sánchez, disfrazada de protección del honor y la rectificación, parece más bien un intento de silenciar a aquellos que exponen la corrupción y las malas prácticas del gobierno. Más preocupante aún, esta medida tiene un trasfondo personal evidente: la protección de su esposa, Begoña Gómez, quien enfrenta comparecencias ante la Justicia por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. La comparación con una república bananera es inevitable, donde las leyes se tuercen para proteger intereses personales en lugar del bien común.
Las apariciones de Gómez ante los tribunales recuerdan a la película «El silencio» de Bergman. Aunque la protagonista no es Ingrid Thulin, la atmósfera se tiñe de un mutismo espeso y el guion se encamina hacia un final impredecible. Solo falta la troupe de los enanos, detalle compensado por ese ejército de policías enviados por Marlaska: agentes camuflados, furgonetas, drones, helicópteros y un puñado de extras gritones para justificar el despliegue. Los periodistas, de nuevo, fueron desplazados a cincuenta metros de los Juzgados, a medio palmo de la noticia.
Es inadmisible que en sus comparecencias judiciales se estén utilizando los mecanismos oficiales de seguridad pública, seguridad privada y escoltas, así como funcionarios de la justicia, blindando a su esposa como si fuera un alto cargo diplomático. Este uso indebido de recursos públicos no solo es un abuso de poder, sino también un intento descarado de intimidar y silenciar a la prensa.
Es preocupante que Sánchez haya dedicado tanto tiempo y esfuerzo a diseñar esta «ley mordaza» en lugar de centrarse en los problemas reales que enfrenta el país. Tres meses y cinco días de reflexión no han producido soluciones para el desempleo, la crisis económica o la mejora de los servicios públicos, sino una propuesta que amenaza con socavar la democracia española.
Además, la exigencia de estadísticas de circulación en el ciberespacio fiables es un claro intento de controlar la información digital. En un mundo donde Internet se ha convertido en la principal fuente de noticias para muchos, este control podría tener efectos catastróficos para la libertad de información.
Desde Canarias, hago un llamado a todos los españoles, especialmente a nuestros hermanos canarios, a oponerse a esta peligrosa iniciativa. La historia nos ha mostrado repetidamente que el control de los medios es el primer paso hacia el autoritarismo. No podemos permitir que España se deslice por ese camino.
Defendamos nuestra libertad de prensa, exijamos transparencia y rechacemos cualquier intento de silenciar a aquellos que tienen el coraje de decir la verdad. Es impropio de un gobierno socialista, que debería proteger los derechos fundamentales y fomentar la transparencia, recurrir a tácticas que erosionan la libertad de prensa y el debate abierto. Solo así podremos asegurar un futuro democrático y libre para todas las generaciones venideras.
Manuel J. F. G.
Articulista
