El TSJC determina que la falta de un tratamiento adecuado causó la pérdida de ambas extremidades de la menor, y ordena un pago de más de 270.000 euros.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia que condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña de dos años, cuya vida cambió de forma drástica después de la amputación de sus dos piernas. La resolución judicial subraya una grave negligencia médica durante su atención, lo que resultó en un daño irreversible para la menor.
El caso comenzó en marzo de 2022, cuando la niña fue ingresada en urgencias por una infección grave. Sin embargo, a pesar de que los síntomas eran claros, el tratamiento adecuado se demoró y no se aplicaron pruebas esenciales que habrían podido evitar el desarrollo de la infección hasta llegar a la necrosis de sus miembros inferiores. Finalmente, la niña fue trasladada a Madrid, donde se procedió a la amputación de ambas piernas.
Falta de diagnóstico temprano y medidas correctivas
El TSJC destacó en su sentencia que el tratamiento inicial estuvo marcado por una «pérdida de oportunidad». A pesar de que la historia clínica de la menor reflejaba signos inequívocos de una infección bacteriana grave, no se administraron antibióticos adecuados durante los primeros días, lo que habría podido prevenir la necrosis y las amputaciones.
El Tribunal también subraya que en los primeros momentos de atención en el centro sanitario no se realizaron pruebas clave, como el control de la saturación de oxígeno y la temperatura, elementos esenciales para evaluar la gravedad de su condición. La falta de estas medidas contribuyó al deterioro de su salud y a la posterior tragedia que sufrió la niña.
Responsabilidad y críticas al protocolo de atención
El fallo también expone que, si se hubieran tomado medidas más rigurosas, la menor podría haber tenido una evolución favorable y no habría sufrido las consecuencias fatales que sufrió. Además, se critica la falta de atención de un pediatra especializado durante las primeras horas en el centro de salud, lo que agravó la situación.
Por otro lado, la sentencia ha instado a que se abra un expediente administrativo a los empleados responsables de esta negligencia para determinar si hubo mala praxis o negligencia grave. En este caso, el Tribunal indicó que, si se demuestra responsabilidad de los implicados, serían ellos quienes deberían asumir el pago de la indemnización y no las arcas públicas.
Un futuro complicado para la menor y su familia
Aunque la sentencia garantiza una compensación económica, el verdadero desafío para la niña será su futuro. A medida que crezca, necesitará intervenciones quirúrgicas regulares para adaptar sus prótesis, lo que representa un largo camino de cirugía, adaptación y tratamiento psicológico.
Este caso ha puesto de manifiesto las falencias en la atención pediátrica en situaciones de urgencias graves dentro del Sistema Sanitario Canario. Los padres de la menor, profundamente afectados por esta tragedia, continúan luchando para que no se repita este tipo de negligencias en el futuro, mientras se enfrentan a los retos que les depara el cuidado de su hija en los próximos años.
