La oposición alerta de un posible “pelotazo urbanístico” al solicitar uso terciario en terrenos afectados por el trazado del futuro tren del Sur.
El Ayuntamiento de Güímar aprobó este martes en pleno una propuesta para iniciar los estudios que permitan recalificar alrededor de 30 hectáreas de suelo rústico a uso terciario es decir, comercial, de servicios u oficinas en una franja situada por encima de la autopista TF-1, frente al Polígono Industrial Valle de Güímar. La moción, de carácter político y aún sin informes técnicos, salió adelante únicamente con los votos del grupo de Gobierno, mientras que la oposición votó en contra.
La iniciativa plantea solicitar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias los informes necesarios para valorar un cambio en el planeamiento municipal que permitiría compatibilizar el uso comercial con el industrial en unos 300.000 metros cuadrados actualmente catalogados como agrícolas y de interés cultural, próximos al Camino del Socorro y al entorno protegido del Malpaís de Güímar.
Debate sobre la verdadera finalidad de la recalificación
Aunque el grupo de Gobierno defendió que el objetivo es “ampliar el suelo industrial” disponible, el texto de la moción menciona explícitamente la intención de estudiar su transformación en suelo de uso terciario. La oposición cuestionó esta discrepancia y acusó al Ejecutivo local de “ocultar” el carácter comercial de la iniciativa.
“Los empresarios del polígono reclaman suelo industrial, pero ustedes piden suelo terciario. No coincide lo que dicen con lo que presentan”, reprocharon representantes de PSOE y CC, quienes sostienen que la propuesta contradice el discurso público del Gobierno local.
Desde el Partido Popular, que sustenta la Alcaldía, se defendió la necesidad de permitir actividad comercial en Güímar, recordando que en el Polígono solo Arafo dispone actualmente de suelo autorizado para este tipo de usos, mientras que Güímar y Candelaria no pueden instalar ni siquiera una cafetería sin modificar sus respectivos planes generales.
Acusaciones de “pelotazo” y dudas sobre la afección del tren del Sur
El PSOE elevó el tono al denunciar un posible “pelotazo urbanístico”. Según sus cálculos, los terrenos —valorados hoy en torno a 20 euros por metro cuadrado— podrían alcanzar los 500 euros en caso de obtener la condición de suelo urbano consolidado, lo que supondría una plusvalía potencial cercana a los 150 millones de euros.
A ello se suma que parte de los terrenos se encuentran afectados por el trazado previsto para el tren del Sur. Desde Unidas Sí Podemos se advirtió de que una recalificación podría implicar compensaciones expropiatorias más elevadas para los propietarios si finalmente se ejecuta la infraestructura.
Aunque durante el pleno no se mencionaron nombres, algunos portavoces aludieron a que la recalificación beneficiaría especialmente a determinados propietarios, entre ellos un empresario conocido en la comarca, que reconoce que suelos con plantaciones de olivos quedarían afectados por el futuro trazado ferroviario.
Una propuesta “embrionaria”, según el Ayuntamiento
La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, insistió en que se trata de un proceso largo y condicionado a informes externos: “La propuesta debe ser analizada por el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Estamos hablando de un proyecto de varias legislaturas”. La secretaria municipal recordó que, por su carácter político inicial, aún no puede haber informes jurídicos que avalen o cuestionen la iniciativa.
Nuevos movimientos en el Gobierno local
El pleno comenzó con la toma de posesión de Agoney Paz como nuevo concejal del Partido Popular en sustitución de Francisco Hernández Armas. La alcaldesa adelantó que en las próximas semanas se reorganizarán las áreas municipales tras la renuncia del edil José Miguel Hernández a las delegaciones de Hacienda y Recursos Humanos.
