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jueves, marzo 12, 2026

Familias denuncian ante la Fiscalía posibles abusos a menores tuteladas tras desaparecer durante el Carnaval de Tenerife

Los padres de una de las adolescentes reclaman investigar fallos en la protección institucional después de que tres jóvenes de 14 y 15 años permanecieran dos días en paradero desconocido durante las fiestas.

Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife

La familia de una menor tutelada por el Gobierno de Canarias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por posibles agresiones sexuales a tres adolescentes que desaparecieron durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los hechos, según el escrito presentado ante el Ministerio Público, habrían ocurrido tras la pérdida de contacto con las jóvenes durante los actos multitudinarios celebrados en la capital tinerfeña.

La denuncia, registrada con el apoyo de los colectivos sociales La Gaveta 20A y Asamblea Reivindicativa Canaria, solicita una investigación para esclarecer si existieron responsabilidades penales derivadas de una eventual falta de protección institucional. Las menores, de entre 14 y 15 años, estaban bajo tutela del Gobierno autonómico y su guarda correspondía al Cabildo de Tenerife.

De acuerdo con el relato recogido en la denuncia, las tres adolescentes acudieron a los actos del carnaval el pasado 16 de febrero acompañadas por personal del centro de protección en el que residían. La familia sostiene que la supervisión resultó insuficiente para garantizar su seguridad en una celebración que congrega cada año a decenas de miles de personas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Los denunciantes afirman que las menores abandonaron el entorno de vigilancia y permanecieron desaparecidas durante aproximadamente dos días. Durante ese tiempo, según trasladaron posteriormente las propias adolescentes y sus familias, se habrían producido hechos de carácter sexual que podrían constituir delitos contra la libertad o indemnidad sexual de menores.

Una de las jóvenes fue localizada el 18 de febrero en una vivienda de la capital tinerfeña. Ese mismo día también fueron encontradas las otras dos menores. La familia denuncia que, pese a que el centro de protección fue informado de lo ocurrido, no se activaron de forma inmediata los protocolos médicos habituales en casos de violencia sexual, lo que —según sostienen— pudo dificultar la recogida de posibles pruebas.

El escrito remitido a la Fiscalía incluye además correos electrónicos enviados por los padres a la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias en los que alertaban de la situación y solicitaban explicaciones. Según los denunciantes, no obtuvieron respuesta.

Desde el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo, han asegurado que se activaron los protocolos previstos tanto para las ausencias injustificadas como para situaciones relacionadas con posibles casos de violencia sexual. Estas actuaciones incluyen la comunicación con fuerzas de seguridad, centros sanitarios, la Fiscalía de Menores y los servicios educativos, además de la información a las familias.

Las instituciones insulares subrayan que todas las medidas adoptadas tienen como objetivo preservar el interés superior de las menores y evitar su exposición pública, una circunstancia que según señalan podría afectar a su bienestar y desarrollo personal.

Paralelamente, las familias han llevado el caso al Parlamento de Canarias, donde solicitan la comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, así como de responsables del Cabildo y de la Dirección General de Protección a la Infancia. También reclaman la apertura de una investigación parlamentaria y una auditoría independiente sobre el funcionamiento del sistema de tutela de menores en el archipiélago.

Para los denunciantes, el caso no solo plantea posibles responsabilidades penales, sino que abre un debate más amplio sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y protección de menores bajo tutela pública en Canarias. Mientras la Fiscalía analiza la denuncia, las familias insisten en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y de revisar los protocolos para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

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