El fallo del Tribunal de Justicia de la UE evidencia graves carencias en el tratamiento de aguas residuales, con Tenerife como uno de los principales puntos críticos
Sodecanarias.net / Redacciòn
La gestión de las aguas residuales en Canarias vuelve a situarse en el centro del debate tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de saneamiento. La sentencia deja claro que, durante años, no se han aplicado las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de las aguas antes de su vertido al mar, una situación que afecta a decenas de núcleos urbanos del país y que tiene especial incidencia en Tenerife.
El tribunal europeo considera probado que numerosos sistemas de recogida y depuración no cumplen los requisitos de la Directiva 91/271, destinada a proteger el medio marino y la salud pública. Ni las infraestructuras existentes ni las soluciones alternativas esgrimidas por el Estado han sido suficientes para evitar vertidos contaminantes, algunos de ellos en zonas especialmente sensibles.
El impacto de esta deficiente gestión ha sido visible en los últimos años, con cierres recurrentes de playas por contaminación fecal y un creciente malestar social. A ello se suma un dato especialmente preocupante: en el Archipiélago se contabilizan más de 400 puntos de vertido al mar, y más de la mitad carecen de autorización. La condena europea refuerza ahora la presión para que las administraciones aceleren inversiones y actuaciones que pongan fin a un problema estructural largamente denunciado por la ciudadanía y los colectivos ecologistas.
