El malestar crece en Tenerife por el control casi total de capital grancanario en la empresa de gestión del agua; la CEOE provincial pide explicaciones y se abre la posibilidad de reequilibrar la propiedad.
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La polémica por la composición del accionariado de Canaragua, empresa clave en la gestión del agua en Canarias, ha desatado una ola de indignación entre el empresariado de Tenerife, que exige tener presencia en una compañía de tanta relevancia estratégica. La controversia surgió al conocerse que, pese a tratarse de un servicio esencial también para Tenerife, el reciente proceso de reestructuración accionarial dejó fuera a inversores de la isla, beneficiando casi en exclusiva a firmas de la provincia de Las Palmas.
El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, confirmó que la organización empresarial recibió numerosas quejas durante su última junta directiva, celebrada este lunes. En ese contexto, Alfonso reveló que ya había trasladado consultas formales al consejero delegado de Canaragua, José Juan González Salmah, quien respondió con un ofrecimiento: empresarios tinerfeños pueden ahora presentar propuestas para entrar en el capital de la compañía.
“Es una decisión empresarial, pero animo a quienes estén interesados a iniciar conversaciones directas con la empresa”, declaró Alfonso. Sin embargo, admitió que ni él ni otras autoridades locales como la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, o el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez fueron informados previamente de la operación, lo que ha generado aún más suspicacias.
En declaraciones a la prensa, González Salmah defendió que la apertura del capital no responde a criterios territoriales, sino a una visión compartida de sostenibilidad y desarrollo para Canarias. “Esto no va de control ni de procedencias, sino de proyectos y valores comunes. Cualquier empresa que comparta nuestra visión está invitada a sumarse”, afirmó el CEO en la Cadena SER.
No obstante, desde el entorno empresarial tinerfeño se cuestiona qué margen real existe para una entrada efectiva, cuando el 96% del capital ya está repartido entre Veolia —que mantiene el 51%— y socios grancanarios, que se han hecho con el 45%. En este contexto, la única opción plausible sería que estos últimos acepten reducir su participación para dar cabida a nuevos actores, algo que fuentes cercanas no descartan ante la magnitud del escándalo.
La falta de transparencia previa en la operación y la sensación de exclusión han encendido las alarmas en Tenerife, donde empresarios y representantes institucionales alertan de los riesgos de permitir una concentración del control de servicios esenciales como el agua en manos ajenas al territorio. “Es hora de que
