El sector reclama una reforma normativa urgente tras constatar que la oferta vacacional se ha expandido sin control mientras los alojamientos rurales pierden atractivo y relevo generacional
Soldecanarias.net / Redacciòn
El turismo rural en Canarias atraviesa un momento de estancamiento marcado por un marco regulatorio que, según el sector, ha quedado desfasado frente a la rápida expansión de la vivienda vacacional en suelo rústico. Así lo expusieron este lunes representantes empresariales y responsables públicos tras la presentación del primer Estudio sobre la situación actual del turismo rural en Canarias, impulsado por el Gobierno autonómico.
El informe revela que los alojamientos rurales 1.027 inventariados en el archipiélago conviven en el mismo suelo con una oferta de viviendas vacacionales que los supera ampliamente y que se ha desarrollado con menores exigencias administrativas. Esta asimetría, advierten los profesionales, ha generado un escenario de competencia desigual que amenaza la viabilidad del sector.
Desde la Asociación de Turismo Rural de Tenerife (Tenatur), su presidente, Pedro David Díaz, subrayó que el turismo rural mantiene una implantación territorial coherente, vinculada al patrimonio arquitectónico y al medio natural, mientras que la vivienda vacacional responde principalmente a dinámicas de mercado. En su opinión, esta diferencia de enfoque debería reflejarse con mayor claridad en la normativa.
La consejera de Turismo, Jéssica de León, reconoció la existencia de un desajuste legal y señaló que, aunque ambas modalidades pueden contribuir a fijar población y dinamizar el medio rural, la falta de control efectivo sobre las declaraciones responsables en la vivienda vacacional ha provocado distorsiones en el mercado.
El estudio también identifica problemas estructurales, como la ausencia de una estrategia pública específica para el turismo rural y la dificultad para atraer a nuevas generaciones de propietarios. A pesar de ello, destaca el valor estratégico de esta modalidad como herramienta de conservación del patrimonio y su potencial para diversificar el modelo turístico del archipiélago.
Actualmente, el turismo rural en Canarias suma unas 5.000 plazas alojativas y genera una facturación anual cercana a los 22 millones de euros, una aportación modesta en términos macroeconómicos, pero relevante para la economía local de muchas zonas rurales.
Ante este escenario, el Gobierno canario se ha comprometido a redefinir el papel del turismo rural en la futura Ley de Ordenación del Turismo, con el objetivo de simplificar trámites, proteger su singularidad y garantizar su sostenibilidad en la próxima década.
