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jueves, noviembre 13, 2025

El Supremo multiplica por diez el valor de los terrenos expropiados en Hoya Fría: 30 millones frente a los 3 iniciales

El fallo reconoce la capitalización de rentas y desestima la valoración del Estado basada en un uso agrícola o ganadero

Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha dado un vuelco al litigio sobre los terrenos de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife, fallando a favor de la familia Rodríguez López, expropietarios de la finca. La sentencia eleva la valoración de los terrenos a 30 millones de euros, una cifra diez veces superior a los 3 millones que había fijado previamente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que se ajustaba a la tasación realizada por la Junta Provincial de Expropiación (JPE).

El alto tribunal respalda el criterio del equipo jurídico dirigido por Antonio González-Casanova, abogado especializado en litigios sobre suelos, herencias y expropiaciones, que defendió la aplicación del principio de capitalización de rentas. El argumento clave fue que el Estado había pagado un alquiler de 152.000 euros anuales por el uso de la finca durante una década, lo que debía ser tenido en cuenta en la valoración del suelo.

Una valoración muy por encima del criterio inicial del TSJC

El litigio sobre Hoya Fría tiene su origen en la cesión de los terrenos al Ejército en los años 40. Según la familia Rodríguez López, la cesión se realizó bajo la condición de uso exclusivamente militar, condición que habría sido incumplida, lo que llevó a la devolución de la propiedad a sus legítimos dueños y a la posterior expropiación forzosa.

Inicialmente, la Junta Provincial de Expropiación había valorado el suelo en apenas 1,04 euros por metro cuadrado, considerando que el terreno solo era apto para la agricultura. La familia, en cambio, reclamaba un precio de 21,5 euros por metro cuadrado, una diferencia abismal que llevó el caso a los tribunales.

El TSJC había ratificado la valoración de la Junta, argumentando que el hecho de que en el terreno existiera una base militar no debía influir en su tasación. Sin embargo, el Supremo ha anulado ese criterio, subrayando que el cálculo debía realizarse en base al alquiler pagado por el Estado y no a un supuesto valor agrícola.

Detalles de la nueva valoración y el fallo del Supremo

El fallo del Supremo establece que la finca debe dividirse en tres lotes:

  • Un primer terreno valorado en 9,5 millones de euros.
  • Un segundo lote tasado en 19 millones.
  • Una tercera porción con un valor de 965.100 euros.
  • A ello se suman los intereses legales que elevan el montante total a los 30 millones reconocidos.

Además, el Supremo rechaza de plano los informes periciales aportados por el Estado, al considerar que se fundamentaban en valoraciones hipotéticas e irreales, basadas en un supuesto uso agrícola o ganadero. También descarta la pretensión de la familia de que el Estado adquiera por 16 millones adicionales otros terrenos no expropiados, calificados por ellos como “riscos” sin valor real.

Un conflicto con décadas de historia

El caso de Hoya Fría tiene un trasfondo histórico complejo. La familia Rodríguez López cedió originalmente el terreno al Ejército en plena dictadura franquista, en un contexto que, según algunas versiones, habría estado vinculado a evitar el fusilamiento de un militar. No obstante, la cesión establecía como condición que el suelo solo podía destinarse a uso militar y que, en caso contrario, debía ser devuelto a sus propietarios, algo que finalmente ocurrió.

Tras la devolución, el Estado optó por expropiar los terrenos, lo que dio inicio a una batalla judicial que ha culminado con esta sentencia del Supremo.

El fallo marca un precedente importante en litigios de expropiación y valoración de suelos, en los que la capitalización de rentas puede jugar un papel decisivo en la tasación de terrenos con usos históricos específicos.

Ahora, el Estado deberá afrontar el pago de los 30 millones de euros a los antiguos propietarios, en una resolución que cierra una disputa de décadas y redefine los criterios de valoración de suelo en Canarias.

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