La justicia confirma el fin de la concesión del Charco de La Arena y despeja el camino para recuperar el espacio público en la costa de La Laguna
Soldecanarias.net / Redacción
El Tribunal Supremo ha puesto fin al largo litigio sobre el club privado con piscina situado en el Charco de La Arena, en la costa de Punta del Hidalgo, dentro del municipio tinerfeño de La Laguna. El alto tribunal ha rechazado admitir el recurso de casación presentado por la entidad concesionaria contra la sentencia de la Audiencia Nacional que negaba la prórroga de la concesión otorgada en 1964.
La decisión, ya firme, supone la extinción definitiva de la concesión administrativa que permitía la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Según el Ayuntamiento de La Laguna, la resolución deja sin recorrido judicial a la empresa y permite iniciar el proceso para recuperar el espacio y eliminar las instalaciones existentes.
Un litigio sobre el uso del dominio público
El recurso de la concesionaria pretendía revertir el fallo de la Audiencia Nacional que había respaldado la negativa del Estado a ampliar el permiso para explotar el enclave. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que el escrito no cumple los requisitos necesarios para ser admitido.
En su resolución, el tribunal señala que el recurso carece de la fundamentación suficiente exigida por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y que no existe un interés casacional que justifique revisar el caso.
Con esta decisión, la concesión queda extinguida y el espacio vuelve plenamente al dominio público marítimo-terrestre.
Demolición y restauración del entorno
Fuentes municipales explican que la legislación de costas obliga a recuperar el dominio público una vez finaliza el título que autorizaba su ocupación. Por ello, el siguiente paso será iniciar un expediente que incluirá la inspección del estado actual de las instalaciones, el requerimiento de desalojo voluntario y un periodo para que la empresa presente alegaciones.
Si la concesionaria no ejecuta por sí misma la retirada de las instalaciones, la Administración podrá hacerlo de forma subsidiaria.
La concesión permitía la construcción de un bar-restaurante y la adecuación de una charca natural para su uso como piscina privada. Con la extinción del permiso, esas estructuras pasan a considerarse ocupaciones ilegales del dominio público.
El proceso de demolición deberá contemplar la retirada de las cimentaciones, la restauración de los perfiles naturales del litoral y la eliminación de elementos artificiales en la charca, además de medidas para proteger la fauna y la flora del entorno.
Recuperar el litoral para uso público
El Ayuntamiento de La Laguna considera que la resolución del Supremo supone un paso decisivo para recuperar este tramo del litoral. Desde el consistorio señalan que trabajarán de forma coordinada con la Demarcación de Costas para iniciar el expediente de recuperación y ejecutar las actuaciones necesarias.
El objetivo, según defienden fuentes municipales, es devolver el espacio a uso público y garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas en una zona que durante décadas ha estado vinculada a un uso privado dentro del dominio público marítimo-terrestre.
