Empresarios del sur de Tenerife alertan de un sobrecoste de hasta 6.000 euros mensuales y advierten de un impacto directo en la movilidad, la competitividad y el empleo
Soldecanarias.net / Redacciòn
El anuncio de AENA de implantar un sistema de cobro por la estancia y el acceso de las guaguas discrecionales en los aeropuertos de Canarias ha encendido las alarmas en el sector turístico. La medida, que comenzará a aplicarse en enero de 2026 en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote y se extenderá al resto del Archipiélago hasta 2027, ha sido duramente criticada por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST).
Su presidente, Javier Cabrera, considera que la iniciativa supone “un ataque directo al transporte colectivo y a la movilidad turística”, al equiparar las tasas de las guaguas discrecionales a las del estacionamiento de vehículos privados. “Se trata de un sobrecoste injustificado que distorsiona el mercado y golpea de lleno a la cadena de valor turística de Canarias”, subraya.
Desde el CEST advierten de que el momento elegido para implantar la medida es especialmente perjudicial, ya que los contratos de la temporada alta de invierno 2025-2026 ya están cerrados. Esto impide trasladar el incremento de costes a turoperadores o clientes finales. Según las estimaciones del sector, el impacto económico podría alcanzar los 6.000 euros mensuales por empresa, una cifra que afectaría principalmente a pequeñas y medianas compañías de transporte, en un sector marcado por la estacionalidad.
Cabrera cuestiona además la justificación técnica del nuevo sistema de cobro. “No existen problemas operativos en los aparcamientos de guaguas que avalen esta decisión”, señala. Recuerda que estos vehículos deben permanecer varias horas en los recintos aeroportuarios debido a retrasos en vuelos chárter, mayores controles tras el Brexit y exigencias contractuales previas, por lo que el tiempo de cortesía de una hora planteado por AENA resulta “totalmente insuficiente”.
El CEST también alerta de posibles consecuencias operativas, como la acumulación de turistas en las terminales, mayor congestión en los accesos a los aeropuertos y riesgos para la seguridad vial, al verse obligadas las guaguas a esperar fuera de los recintos para reducir costes.
En el plano medioambiental, la organización empresarial considera que la medida entra en contradicción con los objetivos de sostenibilidad. “El transporte colectivo, que debería ser incentivado, acaba penalizado igual que el vehículo privado”, afirma Cabrera, quien lamenta que AENA no contemple la creación de bolsas reguladoras gratuitas, ya existentes en aeropuertos peninsulares.
Ante esta situación, el CEST ha expresado su respaldo al sector del transporte discrecional y ha pedido la intervención del Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos para frenar lo que consideran una política “puramente recaudatoria”. “La medida debe retirarse o replantearse en su totalidad para proteger la competitividad turística, el empleo y la estabilidad de un sector clave para la economía canaria”, concluye su presidente.
