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El Real Decreto 933/2021 podría comprometer la gestión de datos y la privacidad de los turistas, poniendo en riesgo al motor económico de Canarias.
La reciente implementación del Real Decreto 933/2021, que regula el registro de viajeros, ha despertado serias preocupaciones en el sector turístico de Canarias, la principal actividad económica del archipiélago. Durante una sesión parlamentaria, Jesús Ramos, portavoz adjunto de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), cuestionó al Gobierno regional sobre el impacto de esta normativa, que obliga a las empresas del sector turístico a recopilar y conservar una mayor cantidad de datos personales de los viajeros durante un periodo de tres años.
Ramos subrayó que el incremento en el número de datos que deben ser registrados, pasando de 10 a 31, plantea un reto logístico considerable. Hoteles, apartamentos turísticos, plataformas de alquiler vacacional, agencias de viajes, alquiler de vehículos y otras empresas del sector tendrían que afrontar la falta de personal y tecnología para gestionar adecuadamente esta nueva carga administrativa. La recogida, almacenamiento y conservación de tal cantidad de información representa un desafío significativo para muchas de estas empresas, que podrían verse desbordadas al no contar con los recursos necesarios.
El portavoz de ASG también destacó que el Ministerio del Interior ha introducido una nueva aplicación informática para facilitar el envío de los datos, pero algunos expertos han advertido que la herramienta podría colapsar debido al volumen de información que se requiere manejar, al no estar completamente optimizada. Además, preocupa la falta de una evaluación de impacto previa por parte del Ministerio, que fue solicitada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y que aún no ha sido realizada. Esto genera una mayor incertidumbre sobre la viabilidad y seguridad de la medida.
Uno de los principales problemas señalados por Ramos es la privacidad de los viajeros. La obligación de mantener los datos personales durante un periodo tan largo eleva el riesgo de filtraciones de información o ataques cibernéticos. Expertos en derechos digitales han expresado su alarma ante la posibilidad de que esta normativa comprometa la seguridad de los turistas, poniendo en riesgo no solo su privacidad, sino también la confianza en los destinos turísticos de Canarias.
A nivel internacional, Ramos indicó que esta normativa es percibida como una invasión a la privacidad, ya que las regulaciones de otros países europeos son menos estrictas en cuanto al manejo de datos personales. La preocupación es que esta diferencia normativa pueda disuadir a algunos turistas extranjeros, que podrían preferir destinos con políticas de privacidad más laxas y seguras.
Ante esta situación, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, expresó su rechazo a la aplicación del Real Decreto 933/2021. De León coincidió con Ramos en que es fundamental analizar a fondo las posibles repercusiones para evitar efectos adversos en el sector turístico, que representa más del 35% del PIB de la región. Reiteró que se deben buscar soluciones que equilibren la seguridad pública con la protección de los derechos de los viajeros y la sostenibilidad del sector.
El sector turístico de Canarias, que ya enfrenta desafíos relacionados con la recuperación post-pandemia, el encarecimiento de los costes operativos y la competencia de otros destinos internacionales, no puede permitirse añadir a la lista problemas derivados de una normativa que podría impactar su capacidad de operar eficientemente. La posibilidad de que los datos sensibles de los turistas sean objeto de ciberataques o malas gestiones podría tener consecuencias desastrosas para la reputación de Canarias como destino seguro y confiable.
Finalmente, tanto Ramos como De León instaron al Gobierno central a realizar los estudios pertinentes y trabajar en la adaptación de la norma para que no afecte negativamente a uno de los sectores clave de la economía española y canaria, solicitando una mayor flexibilidad en los plazos de implementación y una mejora en las herramientas tecnológicas destinadas a gestionar los datos de los viajeros.
