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jueves, noviembre 13, 2025

«El PSOE denuncia una ‘chapuza política’ en la adjudicación del estudio de riesgos laborales»

Gustavo Santana critica la falta de fundamentos en la justificación de la Consejería de Empleo y la falta de consenso con sindicatos en el sector hotelero.

Soldecanarias.net/ Redacciòn

El Grupo Parlamentario Socialista ha arremetido contra la Consejería de Empleo del Gobierno canario tras la reciente adjudicación del estudio de riesgos laborales en el sector hotelero a una empresa vinculada al expresidente de la CEOE Tenerife. El portavoz de Empleo, Gustavo Santana, calificó la decisión como una «chapuza política», argumentando que el pretexto del Gobierno sobre la falta de personal en el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) para justificar la licitación carece de fundamento.

Santana apuntó que el encargo de este informe sobre riesgos ergonómicos y psicosociales ha generado desconfianza entre los sindicatos y el colectivo de las kellys, especialmente por la vinculación de la empresa adjudicataria con la CEOE, una organización que ha sido criticada por su postura ante los derechos laborales en el sector. El portavoz socialista subrayó que, aunque no cuestionan la legalidad del procedimiento, es evidente que la falta de sensibilidad del Gobierno canario sobre el tema demuestra una gestión deficiente.

En cuanto a la justificación de la falta de personal, Santana calificó este argumento de «pretexto» y recordó que, en 2016, año de los recortes, existían otras alternativas a la licitación del estudio. El Grupo Socialista, además, ha solicitado datos sobre el número de técnicos de prevención que existían en ese momento, tras la aprobación de una Proposición No de Ley en 2024 que instaba a la Consejería a cubrir las vacantes en el ICASEL, lo que, según los socialistas, podría haber evitado la adjudicación del estudio a una empresa privada.

El PSOE instó a la Consejería de Turismo y Empleo a elaborar un nuevo estudio de riesgos laborales en el sector, esta vez con la participación y el consenso de los sindicatos y las confederaciones empresariales, para asegurar que el informe se realice de manera profesional y con la adecuada vigilancia. La formación exige también que el estudio cuente con la supervisión de los delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo.

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