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jueves, noviembre 13, 2025

El PSOE acusa al Gobierno canario de falsear datos en dependencia y dejar sin cobertura a miles de familias

Nira Fierro y Marta Arocha denuncian que más de 11.600 personas tienen reconocidos sus derechos sin recibir prestación y que 1.400 han sido excluidas del sistema en 2025.

Soldecanarias.net / Redacciòn

El PSOE Canarias ha lanzado una dura crítica al Ejecutivo regional formado por Coalición Canaria y Partido Popular, al que acusa de “manipular cifras” para maquillar la gestión en materia de dependencia. Según los datos presentados por las socialistas, 11.691 ciudadanos cuentan con resoluciones que reconocen su grado de dependencia pero carecen de una prestación efectiva, lo que califican como un engaño a la población.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, afirmó que “este es el gobierno de las falsedades, de las trampas y de la mentira”, acusando al Ejecutivo de presentar balances irreales en educación, sanidad, vivienda y ahora también en servicios sociales. Por su parte, la secretaria de Dependencia, Marta Arocha, definió la situación como “un fracaso político y una falta de humanidad”.

El PSOE advirtió de que 1.400 personas han sido dadas de baja este año sin recibir la ayuda reconocida, muchas de ellas sin saber siquiera que habían quedado fuera del sistema. Además, denunciaron la paralización de convenios con los cabildos insulares y la falta de creación de nuevas plazas públicas, lo que ha reducido de forma significativa los servicios en residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Entre enero y agosto, 5.457 personas fallecieron en Canarias esperando una prestación de dependencia, un dato que, según las portavoces socialistas, refleja el alcance del problema. “Se está dejando desamparadas a familias enteras y, sobre todo, a las mujeres cuidadoras que soportan la mayor carga”, subrayaron.

El PSOE reclamó al Gobierno autonómico un cambio de rumbo inmediato, la reactivación de los convenios con cabildos y una apuesta decidida por ampliar la red pública de servicios sociales. “La atención a la dependencia no puede ser una promesa vacía: debe ser un derecho real y efectivo”, concluyeron.

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