José Miguel González, para quien la Fiscalía pide hasta ocho años de prisión, se declara ajeno a cualquier maniobra para eludir pagos mientras evita responder a las acusaciones por blanqueo y frustración de ejecución de sentencia.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El juicio contra José Miguel González, empresario tinerfeño conocido por ser el propietario de la gasolinera La Chasnera, se reanudó este lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras varios meses de suspensión. El proceso se centra en la presunta adquisición irregular de una estación de servicio en el municipio de Arafo, vinculada a deudas pendientes de un tercero.
González, que afronta una petición de hasta ocho años de cárcel por presuntos delitos de frustración de ejecución de sentencia y blanqueo de capitales o receptación, negó haber tenido conocimiento de las deudas que pesaban sobre la operación. Según su versión, desconocía que la compra pudiera estar relacionada con maniobras para evitar el pago a acreedores.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular sostienen que el empresario fue advertido en al menos dos ocasiones de la existencia de dichas deudas antes de formalizar la adquisición. Los investigadores mantienen que el acusado habría actuado de forma concertada con Bienvenido, un condenado por estafa que figura como pieza clave en el caso.
El proceso judicial se había aplazado el pasado enero precisamente por la imposibilidad de localizar a este último, que finalmente fue hallado cumpliendo condena en una prisión de Sevilla. Su testimonio resulta esencial para esclarecer si González participó activamente en una operación destinada a burlar resoluciones judiciales y ocultar activos.
Durante la vista, González se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular. Según las tesis acusatorias, el empresario habría acordado con Bienvenido la adquisición de los inmuebles donde se ubicaba la gasolinera en lugar de la sociedad explotadora del negocio para hacerse indirectamente con su control y evitar así la responsabilidad sobre las deudas.
Además, se le atribuye la compra de una empresa de extracción de aguas a un precio “notablemente inferior” a su valor real, presuntamente mediante pagos canalizados a través de sociedades interpuestas.
El juicio continuará en los próximos días con la declaración de los testigos y la práctica de las pruebas documentales. La sentencia determinará si González actuó con conocimiento de causa o, como sostiene su defensa, fue un comprador de buena fe que desconocía la compleja red de deudas y operaciones que rodeaban el negocio.
