El decreto del Gobierno sobre acogida de menores no acompañados entra en vigor, mientras Canarias, Ceuta y Melilla reclaman solidaridad ante la saturación de su capacidad.
Soldecanarias.net / Redacciòn
La entrada en vigor este jueves del real decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas ha reavivado el debate político sobre la gestión migratoria. El Partido Popular, que gobierna en la mayoría de las autonomías, ha optado por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, bloqueando así la aplicación del sistema, pese a que algunas comunidades bajo su mando como Canarias, Ceuta y Melilla reclaman con urgencia la activación del mecanismo.
El nuevo decreto establece que si una comunidad acoge al triple de menores que su capacidad ordinaria, podrá solicitar al Ministerio de Juventud e Infancia la declaración de «contingencia migratoria», lo que obliga a repartir parte de esa carga con el resto del país. Canarias, con 737 plazas y más de 5.000 menores acogidos, ya ha pedido formalmente esta declaración.
El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha insistido en que «no hay excusas» para activar el mecanismo y ha advertido que la Fiscalía podría intervenir si no se cumple la ley. Aunque el Gobierno canario cuenta con la presencia del PP en la vicepresidencia, su líder regional, Manuel Domínguez, ha mantenido un perfil bajo y se ha centrado en reclamar al Ejecutivo central que cumpla la sentencia del Supremo sobre la redistribución de menores, sin pronunciarse sobre la negativa de sus compañeros de partido en otras comunidades.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha advertido que la ley debe cumplirse. «Si una comunidad no responde, se traslada a la Fiscalía», señaló en RNE. Desde el PP, la respuesta ha sido contundente. El secretario general del partido, Miguel Tellado, calificó de “amenaza” el anuncio del Gobierno y acusó al Ejecutivo de actuar de forma antidemocrática.
El núcleo del conflicto radica en la distribución de competencias: aunque la atención a menores es responsabilidad autonómica, el PP argumenta que el decreto invade esas competencias, carece de justificación urgente y debería haberse tramitado como ley orgánica. Diez gobiernos autonómicos del PP, junto con Castilla-La Mancha, han llevado el texto ante el Constitucional. Madrid, por su parte, también lo ha recurrido al Supremo.
Entre tanto, el Ejecutivo recuerda que el reparto se basa en criterios objetivos como la capacidad de acogida, número de menores ya atendidos, nivel de renta o insularidad y que regiones como Catalunya y Euskadi, aunque exentas por el momento, participarán voluntariamente. Catalunya recibirá 31 menores, y el lehendakari Imanol Pradales confirmó su disposición a colaborar y pidió “menos ruido y más colaboración”, en referencia a las críticas lanzadas desde Andalucía.
Baleares: entre el recurso y la saturación
El caso de Baleares es especialmente representativo de las tensiones internas. El Govern de Marga Prohens (PP) se ha sumado al recurso ante el Constitucional, pero también ha advertido de que su capacidad de acogida puede verse desbordada si persiste el aumento de llegadas desde Argelia. La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, reconoció que la situación aún no alcanza los límites que exige la ley para declarar la contingencia, pero advirtió que podrían alcanzarse pronto.
La paradoja es evidente: el mismo ejecutivo que ha recurrido el decreto podría verse obligado a solicitar su aplicación si las cifras continúan en ascenso.
La financiación, otro foco de conflicto
Desde el PP también se ha puesto el foco en la financiación. La vicesecretaria Carmen Fúnez criticó que el Gobierno haya activado el reparto sin asegurar previamente los recursos necesarios, subrayando los costes en vivienda, alimentación, educación y seguridad de los menores hasta su mayoría de edad. Sin embargo, no hubo mención explícita al gasto real que afrontan las comunidades autónomas.
Datos oficiales desmontan algunos argumentos
Algunas afirmaciones realizadas por portavoces populares han sido cuestionadas por datos oficiales. Por ejemplo, Tellado aseguró que Italia y Grecia han restringido la inmigración de forma más eficaz que España. Sin embargo, cifras de la UE y la ONU indican que, a fecha 24 de agosto, Italia ha recibido 40.510 personas migrantes por mar y Grecia, 27.662; ambas cifras superiores a las 22.699 llegadas a España, más de la mitad por Canarias.
Vox, al margen del consenso
En el margen del debate político, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado duras críticas en redes sociales contra el barco de rescate de Open Arms, calificándolo de “negrero” y reclamando su “confiscación y hundimiento”. El Gobierno ha condenado estas declaraciones, que considera incitación al odio. La vicepresidenta Yolanda Díaz lamentó la “falta de humanidad”, mientras que el ministro Félix Bolaños denunció la “violencia verbal” de Abascal.
