Asegura que el Consistorio contrató el servicio por 248.184 euros cuando la cuantía era de 60.000 para las fiestas de todo el año
El Partido Popular del Puerto de la Cruz presenta una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en el gasto destinado al alumbrado público navideño realizado por el gobierno portuense. Ángel Montañés, concejal y candidato a la Alcaldía del municipio por el Partido Popular, habla de «negligencias graves».
El equipo del PSOE del Puerto de la Cruz autorizó, según los populares portuenses, una cuantía de 248.184 euros para la colocación de alumbrado público durante el periodo de Navidad, cifra que cuadruplica lo previsto en el pliego del contrato mixto de servicios y suministro energético que contempla 60.000 euros anuales para el alumbrado público festivo de todo el año.
Además y para rematar, los populares denuncian que «en noviembre el Gobierno adjudicó un contrato menor para la redacción de los pliegos de la licitación del alumbrado público navideño y festivo, cuya contratación se encuentra separada e independiente del contrato mixto de servicios y suministros energético y que en todo caso se adjudicará dicho expediente después de la retirada de la decoración, acreditando el carácter doloso y antijurídico de la decisión tomada con menoscabo de los caudales úblicos».
Para Ángel Montañés, el Gobierno local «desprecia el cumplimiento de la Ley» al realizar un gasto «desorbitado sin concurso público previo, que no tiene cobertura legal y sin una existencia de crédito que permitiera hacer frente a este gasto». El candidato popular también ha querido poner sobre la mesa «el agujero financiero» que esto supone para la administración local, dado que «además se ha sido realizado de manera consciente empleando el dinero de los contribuyentes de una manera irresponsable y muy poco eficiente».
«Podría haberse evitado»
En la denuncia, el Partido Popular deja claro que esta situación «podría haberse evitado si la contratación se hubiera hecho de una manera transparente y de acuerdo a los procedimientos legalmente previstos», lo que «habría permitido conseguir lo mismo pero con precios más ventajosos y sin dañar a la hacienda pública de la manera en que lo ha hecho aparentemente el actual Gobierno portuense».
