El Partido Popular (PP) de Güímar ha optado por abstenerse en la votación plenaria sobre el expediente de aprobación inicial para constituir una empresa municipal en forma de sociedad pública mercantil que gestione servicios públicos.
La portavoz popular, Carmen Luisa Castro, critica la «huida hacia delante» del gobierno tripartito (CC-PSOE-Unidas Sí Podemos) con esta iniciativa, a pesar de que la secretaria del Ayuntamiento ha emitido un informe desfavorable porque considera que la memoria justificativa presentada por el equipo gobernante no se ajusta a la legalidad, criterio que comparte también un técnico municipal.
La líder del PP güimarero explica que su grupo político, el mayor del pleno municipal (9 concejales), propuso que el asunto se quedara sobre la mesa hasta que se subsanen los defectos advertidos por ambos funcionarios, propuesta que fue rechazada.
«El PP», expone Castro, «está a favor de estudiar que el Ayuntamiento asuma de forma directa la gestión de servicios que llevan años funcionando de manera muy deficiente, como el de la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, pero este respaldo está condicionado a que se demuestre la viabilidad económico-financiera de esa empresa pública sin ningún tipo de dudas, cosa que ahora no ocurre, y por eso nuestra abstención».
«CC y PSOE a toda siguen adelante con esta iniciativa sin las debidas garantías, más para contentar a la concejala de Unidas Sí Podemos, Nayra Caraballero, que para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos», apostilla la exalcaldesa.
ASESORAMIENTO DE UN “AMIGO”
De hecho, durante el pleno en el que se trató este asunto, los concejales del PP Raquel Díaz y Francisco Hernández reprocharon al gobierno municipal que el informe externo recabado sea de un economista «amigo» de Caballero, que además lo hizo gratis, porque no lograron que ninguna empresa consultora en esta materia les hiciera un informe que demostrara la viabilidad legal de la sociedad mercantil pública.
Ambos ediles del PP advirtieron de que este proceder suscita «muchísimas dudas» con la Ley de Contratos del Sector Público en la mano.
Además, ante las objeciones de la secretaria y el técnico municipal de Contratación, no se ha recabado nuevo informe de ambos funcionarios en este caso favorable, sino que ha sido el propio concejal del área de gobierno, en este caso José Miguel González (PSOE), el que firma la memoria justificativa, «lo cual excedería de sus competencias y llegado el caso podría incluso constituir un presunto delito», subraya el PP.
INSUFICIENTE JUSTIFICACIÓN
Raquel Díaz lamenta que el gobierno local haya decidido aprobar de forma inicial la creación de la empresa pública «a pesar de que la funcionaria que tiene encomendada la obligación de velar por la legalidad de las decisiones del pleno (y el técnico en igual sentido), advierte de que la memoria justificativa incumple la normativa vigente, pues, entre otras deficiencias, adolece de falta de análisis económico detallado, contiene proyecciones financieras poco claras y ofrece una insuficiente justificación para la selección del modelo de gestión, una sociedad mercantil».
A todo ello hay que añadir que la secretaria municipal no asistió al pleno, en el cual el PSOE aseguró que el motivo es que la funcionaria «no quiso» acudir y delegó su función, lo que aviva la preocupación del PP sobre cuestiones de legalidad con este expediente.
