Una exfuncionaria cristiana desafía la legalidad del derecho vigente desde 2015 y abre la puerta a una posible regresión en derechos civiles
Soldecanarias.net / Redacciòn
Diez años después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera reconocido como un derecho constitucional en Estados Unidos, este pilar de los derechos civiles podría tambalearse. El Tribunal Supremo ha aceptado revisar el caso de Kim Davis, una exfuncionaria del estado de Kentucky que en 2015 se negó a emitir una licencia matrimonial a una pareja gay, alegando objeción religiosa. Su recurso podría sentar un precedente que reabra el debate nacional sobre uno de los avances sociales más significativos de la última década.
Davis, que fue condenada en su momento a pagar una multa significativa y a pasar seis días en prisión por desacato, ha llevado su caso hasta la máxima instancia judicial. Alega que su derecho a la libertad religiosa fue vulnerado cuando se le obligó a cumplir con la normativa tras la histórica sentencia del caso Obergefell v. Hodges de 2015, en la que el Supremo garantizó el matrimonio igualitario en todos los estados del país.
El desafío legal se produce en un contexto político polarizado, con una composición del Tribunal Supremo claramente inclinada hacia posiciones conservadoras tras la ampliación de la mayoría derechista durante la presidencia de Donald Trump. El mismo tribunal fue responsable en 2022 de revertir Roe v. Wade, eliminando la protección constitucional del derecho al aborto, lo que alimenta los temores de una nueva marcha atrás en materia de derechos civiles.
Organizaciones LGTBI y grupos de derechos humanos, tanto dentro como fuera de EE. UU., han advertido del impacto internacional que podría tener una eventual revocación o debilitamiento del matrimonio igualitario en el país. “Estados Unidos ha sido una referencia global en la defensa de estos derechos. Un paso atrás en esta materia enviaría un mensaje muy peligroso”, señaló desde Bruselas una portavoz de ILGA-Europa.
La Casa Blanca, por su parte, ha reiterado su apoyo a la Ley de Respeto al Matrimonio, aprobada en 2022 para blindar legalmente estas uniones. Sin embargo, esa ley podría ser insuficiente si el Supremo decide reinterpretar el alcance de los derechos garantizados por la Constitución, abriendo así la puerta a restricciones estatales.
El caso Davis será examinado en la próxima sesión judicial del Tribunal Supremo, que comienza en octubre. La comunidad internacional, especialmente en Europa y América Latina, donde se han logrado avances legislativos en materia de igualdad matrimonial, sigue con atención el posible desenlace de un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha por los derechos LGTBI.
