Aagesen rechaza modificar el cierre de los reactores y acusa a los populares de ignorar la realidad del sector eléctrico
Soldecanarias.net / Madrid
El Partido Popular ha redoblado su apuesta por prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España, pero el Gobierno ha respondido con un portazo tajante. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha descartado cualquier opción de alargar el funcionamiento de los reactores más allá de lo previsto y ha dejado claro que no es el Ejecutivo quien decide el calendario de clausuras, sino las propias eléctricas.
El PP, con el apoyo de Vox y UPN y la abstención de Junts y ERC, ha impulsado en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno a mantener las nucleares operativas más allá de los cierres escalonados previstos entre 2027 y 2035. Pero la ministra ha sido contundente: “Lo que están pidiendo no se puede cumplir”, ha afirmado en el Congreso. “El sector energético está liberalizado y son las empresas las que solicitan o no el cierre. Las eléctricas ya han decidido el calendario de clausura”.
Un pacto sellado en 2019 y que las eléctricas no quieren cambiar
El calendario de cierres no es una decisión improvisada. En 2019, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP –las compañías propietarias de los reactores– pactaron con Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento nuclear, un cierre progresivo de las centrales. El acuerdo estableció que Almaraz sería la primera en cesar su actividad en 2027 y que el apagón total llegaría en 2035 con el cierre de Trillo.
El pacto puso fin a las tensiones entre las propias eléctricas sobre cuánto tiempo seguir operando y cuánto dinero invertir en mantener los reactores. Y, según el Gobierno, desde entonces las compañías no han pedido modificarlo porque económicamente les resulta más rentable invertir en renovables que afrontar las grandes inversiones que requeriría prolongar la vida de los siete reactores que siguen activos en España.
El Ejecutivo refuerza este plan con su nueva hoja de ruta energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que sigue apostando por un cierre progresivo de las nucleares acompañado de un despliegue masivo de energías renovables.
El debate económico y la presión del sector nuclear
Desde el PP y algunos sectores empresariales insisten en que mantener las nucleares es esencial para garantizar un suministro eléctrico estable, sobre todo en el contexto del crecimiento de la demanda energética impulsado por proyectos industriales como los centros de datos.
Las propias eléctricas reconocen que técnicamente es posible prolongar el funcionamiento de los reactores y que otros países ya operan plantas con una vida útil de 60 e incluso 80 años. En España, con el calendario actual, los reactores funcionarán una media de 46 años, superando los 40 iniciales.
Sin embargo, la patronal nuclear, Foro Nuclear, advierte que para ampliar la vida de las plantas sería imprescindible una rebaja drástica de los impuestos que pagan las nucleares, algo que el Gobierno descarta.
La pugna política: dos visiones de la transición energética
El choque entre el Gobierno y el PP sobre la energía nuclear no es solo técnico, sino ideológico. Aagesen defiende que la apuesta por la transición ecológica ha convertido a España en un referente europeo y ha lanzado un mensaje directo a los populares: “Tenemos un recurso que el resto del mundo valora y que ustedes parecen ignorar: el sol y el viento”.
Mientras el PP insiste en dar más peso a la energía nuclear en el mix energético, el Gobierno cierra filas en su hoja de ruta hacia un sistema 100% renovable. Con las eléctricas alineadas con el plan de cierre, la batalla política del PP parece condenada a quedarse en un gesto simbólico sin recorrido real.
