El Ejecutivo defiende que el decreto de reparto de 4.000 migrantes en Canarias ya cumple con la orden judicial, mientras los ministerios implicados siguen sin ejecutar la sentencia.
Soldecanarias.net / Redacciòn
A falta de pocos días para que se cumpla el plazo de diez días otorgado por el Tribunal Supremo, el Estado sigue sin asumir la acogida de los más de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en centros de la comunidad autónoma de Canarias. Mientras tanto, los ministerios implicados continúan analizando la resolución judicial sin haber tomado aún una decisión clara sobre su cumplimiento.
Desde el mismo día en que se hizo pública la sentencia, el Gobierno ha mantenido un doble discurso: por un lado, asegura estar estudiando las implicaciones legales del dictamen y, por otro, insiste en que la medida podría quedar superada con el decreto de distribución de 4.000 menores que actualmente se encuentran en Canarias y serán trasladados a otras comunidades autónomas. Dicho decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo y pendiente de convalidación en el Congreso el próximo día 10 de abril, establece un mecanismo de solidaridad obligatoria entre las regiones para repartir la acogida de estos menores.
Una resistencia velada a la sentencia del Supremo
Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, insistió en que el análisis en curso del fallo del Supremo apunta a una conclusión diferente a la que dicta el Alto Tribunal. Según la ministra, existen factores legales y administrativos que impiden que el Estado asuma directamente la tutela de estos menores, incluyendo la diferencia entre el sistema de acogida de migrantes y el de protección de menores.
“El sistema de acogida y de protección internacional del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones está diseñado para adultos y familias, no para menores no acompañados”, explicó Saiz, subrayando que estos últimos están bajo la competencia de las comunidades autónomas. Esta postura refuerza la idea de que el Gobierno central busca evitar la gestión directa de estos menores y prefiere integrarlos en el esquema de distribución general del decreto aprobado recientemente.
La referencia a este decreto ha sido una constante en los últimos días por parte de otros ministros, como el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego. La insistencia en este argumento da a entender una clara resistencia del Ejecutivo a aplicar la sentencia sin más dilación.
El choque político por la acogida de menores
La postura del Gobierno ha avivado el debate político, especialmente por la resistencia de algunas comunidades autónomas a acoger menores migrantes. La ministra Saiz criticó duramente a los gobiernos regionales del PP por su negativa a aceptar estos traslados, en contraste con la rápida acogida de menores ucranianos tras la invasión rusa en 2022.
“Llevamos más de un año viendo cómo algunas comunidades gobernadas por el PP rechazan acoger menores migrantes no acompañados, a pesar de que es su competencia. Sin embargo, cuando llegaron 40.000 menores ucranianos, muchos sin compañía, no hubo ninguna objeción”, denunció la ministra.
En este contexto, el Gobierno insiste en que el decreto de reparto territorial garantiza la protección de estos menores dentro del Sistema Nacional de Acogida, mientras que la oposición y organizaciones sociales advierten del riesgo de no cumplir con la sentencia del Supremo en los plazos establecidos.
Con la fecha límite acercándose, la tensión sigue en aumento y la incertidumbre sobre el futuro de estos menores persiste.
