El Ejecutivo recibe 430.000 euros, mientras que UGT indemniza a los trabajadores afectados con 232.634 euros.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha decidido retirar las acusaciones en el caso Fundescan, que investigaba un presunto fraude en la gestión de subvenciones destinadas a cursos de formación de trabajadores ocupados entre los años 2006 y 2009. La decisión llega después de un acuerdo extrajudicial entre las partes, que ha permitido al Ejecutivo recibir una compensación económica de 430.000 euros.
Este caso, que involucraba al sindicato UGT como responsable civil subsidiario, había causado gran revuelo político y social en las Islas Canarias, dado el monto presuntamente mal gestionado y el impacto que este fraude podría haber tenido en los fondos destinados a la formación laboral. Sin embargo, durante la última sesión del juicio, el proceso dio un giro inesperado con la retirada de las acusaciones.
En esta misma jornada, las otras dos acusaciones particulares que representaban a los 40 trabajadores afectados por el caso también retiraron sus cargos, al haber recibido 232.634 euros como indemnización por parte de UGT, que se comprometió a cubrir parte de los perjuicios causados.
El acuerdo extrajudicial ha desactivado el conflicto judicial que amenazaba con alargar el caso, que comenzó a ser investigado tras las denuncias de un presunto uso indebido de las subvenciones públicas, y ha permitido una resolución económica sin necesidad de continuar con el juicio. No obstante, la resolución del caso sigue suscitando opiniones divididas entre los sectores políticos y sociales. Mientras algunos defienden la salida acordada como una solución pragmática, otros consideran que no se hace justicia plena a los afectados y que no se esclarece completamente la responsabilidad de los implicados.
Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias ha cerrado una de las investigaciones más sonadas en la administración autonómica, y se ha evitado una mayor tensión política relacionada con la gestión de los fondos públicos en el archipiélago. Sin embargo, los ecos del caso Fundescan seguirán resonando en el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos en Canarias.
