La oposición acusa al Ejecutivo de repetir promesas sin ficha financiera ni cronograma, y advierte del deterioro en la atención a la dependencia.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció este martes en el Parlamento una reforma “parcial pero profunda” de la Ley 3/1996 de participación de las personas mayores y solidaridad entre generaciones, adaptándola a los cambios sociales, demográficos y normativos que han tenido lugar en las últimas décadas.
Entre las principales novedades, Delgado adelantó la incorporación de nuevos derechos subjetivos —como el acceso a transporte adaptado, la protección frente a la soledad no deseada o el derecho a vivir en el entorno habitual y la transformación del lenguaje legal, sustituyendo términos como “incapacitado” por fórmulas centradas en el apoyo personalizado. También se reforzarán órganos de participación y se creará un sistema de seguimiento e inspección.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo por parte de los grupos de la oposición. La diputada socialista Elena Máñez calificó de insuficiente la dotación presupuestaria de 6,3 millones de euros prevista en la ley de presupuestos de 2025 para poner en marcha el plan. “Eso no es un plan integral, es apenas una declaración de intenciones”, afirmó, alertando además sobre las listas de espera en dependencia, el aumento de la pobreza entre los mayores de 65 años y el avance de la externalización de servicios públicos.
Desde Nueva Canarias, Natalia Santana fue más dura, al acusar a la consejera de “hacer anuncios sin concretar cifras ni plazos”, y tildó de “fraude” la creación de la Dirección General de Discapacidad, cuestionando la veracidad de los datos oficiales sobre dependencia. “Menos márketing y más realidad”, exigió.
Delgado defendió que el plan forma parte de una estrategia de envejecimiento activo complementada con fondos europeos, e insistió en que ya se han diseñado líneas concretas como el fomento del ejercicio físico adaptado, la modernización de residencias y el refuerzo de la atención domiciliaria avanzada. Sin embargo, no detalló la ficha financiera completa ni el cronograma de ejecución, aspectos reclamados de forma reiterada por la oposición.
En un contexto en el que Canarias sigue arrastrando un déficit estructural en plazas residenciales, con miles de personas mayores esperando atención pública, la falta de concreción genera dudas sobre el alcance real del anunciado plan de reforma. Mientras tanto, los grupos parlamentarios del Ejecutivo defienden que se trata de un “cambio de modelo” que necesita tiempo para consolidarse.
