Migraciones asegura que dispone de más de un centenar de plazas libres en la península para acoger a adolescentes solicitantes de asilo, pero critica que el Ejecutivo canario aún no ha completado la documentación necesaria.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la península vuelve a tensar las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. Dos meses después de que el Tribunal Supremo obligara al Estado a asumir la tutela de estos adolescentes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reprochado al Archipiélago su “lentitud burocrática” en la gestión de los expedientes, un trámite imprescindible para poder efectuar los desplazamientos.
Según explicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el Ministerio cuenta actualmente con 130 plazas disponibles en centros de acogida de la península, pero muchas de ellas “no pueden ocuparse” por la falta de documentación remitida desde Canarias. “Nos encontramos con recursos preparados, profesionales listos y plazas vacías, pero sin niños ni niñas que trasladar porque los expedientes no llegan a tiempo”, advirtió la responsable estatal.
De acuerdo con los datos oficiales, solo una decena de menores permanecen en las islas pendientes de su traslado, mientras que otros 45 han quedado excluidos del proceso por su arraigo en el territorio. Pese a ello, Migraciones insiste en que el Archipiélago debe agilizar el papeleo para evitar que los centros peninsulares queden infrautilizados.
El reproche del Gobierno central contrasta con la posición mantenida durante meses por el Ejecutivo canario, que fue precisamente quien reclamó al Supremo que obligara al Estado a hacerse cargo de estos menores. La comunidad autónoma defendía que la atención de solicitantes de asilo no acompañados corresponde a la Administración estatal, no a los gobiernos regionales.
Tras varios avisos judiciales, el Ministerio puso en marcha un plan de reubicación con apoyo de entidades sociales y comunidades autónomas dispuestas a acoger, aunque el proceso ha avanzado más despacio de lo previsto. Cancela ha asegurado que, en las próximas tres semanas, unos 500 niños y jóvenes estarán ya integrados en la red nacional de protección internacional.
Mientras tanto, Canarias insiste en que los trámites se están completando “con la mayor celeridad posible” y recuerda que el sistema de acogida en las islas continúa “saturado” tras la llegada constante de pateras con menores no acompañados. Ambos gobiernos coinciden en la necesidad de cooperación, pero las fricciones administrativas amenazan con ralentizar una medida que el Supremo calificó de “urgente e inaplazable”.
