El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática mantiene la calma y asegura que el documento no revela ninguna conducta irregular.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El equipo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este lunes que el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no contiene indicios de delito que le afecten. El documento, incorporado recientemente a la investigación del caso Koldo, apunta a que Torres habría intervenido para agilizar el pago de contratos vinculados a la empresa Soluciones de Gestión, responsable del suministro de mascarillas durante la pandemia.
Según la información trasladada a la Audiencia Nacional, la UCO analiza mensajes en los que el entonces presidente del Gobierno de Canarias se interesaba por abonos pendientes a la citada compañía. En el mismo informe se detalla que la compra de material sanitario ascendió a más de 12 millones de euros, y que parte de estos contratos estarían relacionados con la trama encabezada presuntamente por el empresario Víctor de Aldama.
Desde el ministerio, sin embargo, se subraya que la actuación de Torres fue “estrictamente institucional” y que todos los procedimientos de adquisición fueron validados por los órganos de control de la comunidad autónoma. “No hay ni rastro de irregularidades ni indicios de delito”, insisten las mismas fuentes, que denuncian la “campaña de desprestigio” de la que, aseguran, el ministro está siendo objeto.
El equipo de Torres también ha recordado que el juez instructor no ha apreciado pruebas que vinculen al ministro con las presuntas comisiones o pagos ilegales que investiga la Audiencia Nacional. Por ello, piden que se deje de “alimentar sospechas infundadas” y que se respete la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la oposición ha exigido explicaciones públicas y la dimisión del titular de Política Territorial, al entender que su nombre aparece citado en un informe policial. Desde el entorno del ministro responden que las acusaciones son “totalmente falsas” y que el tiempo demostrará que su gestión durante la crisis sanitaria fue “transparente y conforme a la ley”.
