Empresas del sector denuncian sanciones en medio de un vacío legal y acusan al Cabildo de incumplir su compromiso de elevar el conflicto al Gobierno de Canaria
Soldecanarias.net / Lanzarote
Ecoactiva Canarias ha denunciado públicamente que el Cabildo de Lanzarote está asfixiando la actividad de Turismo Activo en la isla al exigir una licencia municipal urbanística que los ayuntamientos no consideran necesaria. La situación, que se arrastra desde hace meses, ya ha derivado en expedientes sancionadores a empresas mientras realizaban actividades como el senderismo, a pesar de contar con informes ambientales favorables.
Uno de los ejemplos más claros es el del Ayuntamiento de Haría, que no tramita este tipo de licencias al no considerarlas aplicables a las actividades de Turismo Activo o Ecoturismo. Aun así, el Cabildo sigue exigiéndolas, lo que ha generado una parálisis en el sector y un laberinto burocrático que ha llevado a múltiples empresas a una situación de inseguridad jurídica.
Desde Ecoactiva Canarias se califica esta exigencia como una medida desproporcionada, y recuerdan que ya en primavera se reunieron con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Samuel Martín, para abordar esta problemática. En aquel encuentro, la institución insular se comprometió a trasladar la discrepancia a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, algo que, según la asociación, no se ha cumplido.
“Mientras tanto, las sanciones siguen adelante, con trámites registrados tan recientemente como el pasado 30 de julio”, afirman desde la entidad, que agrupa a varias empresas del sector turístico de naturaleza en la isla.
Ecoactiva Canarias considera que el sector se encuentra «en fuego cruzado entre administraciones», con consecuencias directas sobre su viabilidad y funcionamiento. La asociación exige transparencia inmediata sobre qué documentación se requiere realmente para operar actividades de Turismo Activo y que todas las administraciones implicadas —Cabildo y ayuntamientos— estén alineadas y coordinadas.
«No se puede condenar a las empresas por una diferencia de criterio entre administraciones públicas. La regulación debe ser clara, coherente y aplicable, no un obstáculo al desarrollo sostenible de la isla», concluyen desde Ecoactiva Canarias.
