La falta de políticas eficaces y la expansión descontrolada del alquiler vacacional han expulsado a miles de canarios del mercado inmobiliario, forzándolos a destinar una gran parte de sus ingresos para acceder a una vivienda.
Soldecanarias.net / Adeje
La búsqueda de una vivienda en alquiler en Canarias se ha vuelto un desafío imposible para el 99% de los trabajadores, que no pueden cubrir el precio de las rentas sin un esfuerzo económico extremo. El mercado inmobiliario canario está cada vez más tensionado, con precios que han sobrepasado la capacidad de gasto de la mayoría de la población, provocando que el acceso a un hogar se haya convertido en un lujo en las propias islas.
A pesar de la situación alarmante, las acciones de los gobiernos autonómico y municipal no han tenido efectos tangibles, dejando a miles de residentes en una situación de vulnerabilidad habitacional. En algunas zonas de Tenerife, como Adeje y Granadilla de Abona, el problema es aún más pronunciado. La concentración de viviendas destinadas al alquiler vacacional en estas áreas ha hecho que el precio del alquiler tradicional sea inasumible para los residentes locales, forzando a muchos a abandonar sus hogares o a compartir en condiciones precarias.
El auge del alquiler vacacional y el fracaso de las zonas tensionadas
El fenómeno del alquiler vacacional ha supuesto un auténtico giro en el mercado inmobiliario canario, especialmente en los principales destinos turísticos de Tenerife y Gran Canaria. Cada vez más viviendas se convierten en alojamientos para turistas, impulsando los precios al alza y agotando la oferta de viviendas asequibles para los residentes. En áreas turísticas como Adeje, Granadilla de Abona, y muchas otras en el sur de Tenerife, esta transformación ha desplazado a gran parte de la población local y ha provocado una distorsión en el mercado de alquiler.
Para intentar mitigar esta presión, algunos municipios han declarado ciertas zonas como «tensionadas», pero la medida ha tenido un impacto mínimo en la regulación de precios y en la protección de los residentes. Sin controles reales y efectivos, el simple hecho de declarar una zona tensionada no ofrece una solución significativa; solo se convierte en un recurso simbólico que no enfrenta los factores estructurales que alimentan la crisis.
La respuesta inadecuada de los gobernantes
La falta de una intervención robusta y la pasividad de los gobiernos autonómicos y municipales están agravando la crisis. Las políticas de vivienda en Canarias han sido insuficientes, y la falta de regulación efectiva permite que los precios sigan subiendo sin control, mientras los residentes continúan siendo expulsados de sus comunidades. Las autoridades locales y regionales han fallado en crear un marco sólido que proteja el acceso a la vivienda para los canarios, y, en cambio, han permitido un crecimiento del alquiler turístico que beneficia a unos pocos a costa de la estabilidad habitacional de la mayoría.
Para dar una solución real a esta crisis, los gobiernos deben implementar medidas firmes: limitar el uso de viviendas para alquiler turístico en zonas con alta demanda residencial, promover incentivos para la vivienda de uso habitual, y establecer controles efectivos sobre los precios del alquiler en zonas especialmente afectadas. Sin una respuesta decidida y contundente, los canarios seguirán enfrentando un mercado inmobiliario que les da la espalda, viéndose obligados a sacrificar su calidad de vida en busca de un techo asequible en su propia tierra.
