Por Mohamed Jamil Derbah, presidente de Fuerza Canaria, empresario turístico, asesor de países internacionales africanos y presidente–gerente del Grupo de Comunicación Sol de Canarias
Soldecanarias.net / Arona
La vivienda se ha convertido en el gran problema estructural de Canarias, y especialmente en Tenerife Sur, donde miles de residentes y trabajadores se enfrentan cada día a la imposibilidad de acceder a un hogar digno. El desajuste entre la oferta y la demanda es tan abismal que se ha convertido en una emergencia social de primer orden, que amenaza no sólo el bienestar de las familias, sino también la estabilidad del tejido económico y turístico de la isla.
No podemos seguir mirando hacia otro lado. Los precios del alquiler han alcanzado niveles desorbitados, muy por encima de los salarios de la mayoría de trabajadores, en su gran mayoría vinculados al sector turístico y de servicios. A ello se suma el crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional, que ha reducido drásticamente el parque de alquiler residencial y empuja los precios aún más arriba. Este fenómeno, que en parte dinamiza la economía, está dejando a los residentes fuera de su propio territorio.
Ahora bien, no se trata de criminalizar la propiedad privada ni de enfrentar a pequeños propietarios con inquilinos. El verdadero problema está en la inacción de las administraciones públicas, incapaces de dar respuesta a una demanda que crece año tras año. Ni el Gobierno de Canarias ni el Ejecutivo central han estado a la altura de este reto. Falta voluntad política para liberar suelo, agilizar licencias y poner en marcha planes ambiciosos de vivienda pública y asequible.
Los ayuntamientos, atrapados en una maraña burocrática, tardan años en conceder licencias de obra mayor, lo que frena proyectos y desincentiva la inversión. La consecuencia es un mercado paralizado que no genera la oferta necesaria. Y mientras tanto, los trabajadores que sostienen la economía turística, los jóvenes que quieren emanciparse y las familias que buscan estabilidad, quedan condenados a vivir en condiciones precarias o a marcharse.
Desde Fuerza Canaria defendemos que la solución pasa por un gran pacto por la vivienda en Canarias, que implique a todas las administraciones y sectores. Es urgente:
- Agilizar la concesión de licencias, con más personal técnico y digitalización de los procesos.
- Impulsar vivienda pública en régimen de alquiler asequible, especialmente en las zonas de mayor presión como el sur de Tenerife.
- Regular de manera equilibrada la vivienda vacacional, evitando la expulsión de los residentes, pero sin frenar la competitividad turística.
- Liberar suelo urbano y rústico apto para uso residencial, con criterios de sostenibilidad y planificación inteligente.
- Favorecer la colaboración público–privada, porque el sector privado está dispuesto a construir y rehabilitar, pero necesita un marco estable y sin trabas burocráticas.
La vivienda no puede seguir siendo un privilegio ni un lujo. Es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y debe estar en el centro de la agenda política de Canarias. De lo contrario, corremos el riesgo de perder no solo población, sino también cohesión social y competitividad económica.
Hoy más que nunca, Tenerife necesita soluciones reales, urgentes y valientes. No se trata de prometer, sino de actuar. Porque sin vivienda no hay dignidad, sin dignidad no hay futuro, y sin futuro no hay Canarias.
