El exjefe y un oficial admiten haber cobrado en efectivo sanciones impuestas a turistas y quedarse con el dinero durante años; devolverán la cantidad al Ayuntamiento.
Soldecanarias.net / Buenavista del Norte
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos agentes de la Policía Local de Buenavista del Norte, entre ellos su antiguo jefe, por apropiarse de más de 83.000 euros procedentes de multas de tráfico, principalmente impuestas a turistas. Ambos reconocieron los hechos y pactaron con la Fiscalía una pena de dos años de prisión, que no cumplirán si no reinciden durante los próximos tres años.
El acuerdo de conformidad, que será ratificado el próximo 28 de octubre, evita la celebración del juicio con jurado previsto para esa fecha. Los condenados también quedan inhabilitados para ejercer cargo público durante varios años y deberán reintegrar al Ayuntamiento la cantidad defraudada, ya consignada en el juzgado.
Según el relato del Ministerio Público, los dos mandos utilizaban su posición para imponer sanciones que no eran tramitadas oficialmente, quedándose con el dinero abonado en efectivo por los conductores. En la mayoría de los casos, se trataba de turistas extranjeros que pagaban las multas sin llegar a reclamar ni dejar constancia formal.
El exjefe policial se habría apropiado de cerca de 54.000 euros, mientras que su compañero desvió alrededor de 29.000, según los datos de la investigación. Los hechos salieron a la luz en noviembre del año pasado, tras la denominada ‘Operación Mártir’ de la Guardia Civil, que descubrió el desvío sistemático de fondos y detuvo a ambos agentes.
El caso ha provocado indignación en el municipio, donde el Ayuntamiento ha agradecido la rápida actuación de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Fuentes municipales subrayan que la devolución del dinero “permite cerrar una etapa oscura” y recuperar la confianza ciudadana en la institución.
Con este acuerdo judicial, se pone fin a un episodio que, según la investigación, se prolongó durante varios años y que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en los cuerpos policiales locales.
