Los afectados piden a las administraciones que culminen las compensaciones pendientes y eviten desigualdades entre quienes perdieron viviendas, fincas y negocios
Soldecanarias.net / Redacciòn
Un grupo de personas afectadas por la erupción volcánica de 2021 en La Palma ha alzado la voz para exigir un reparto justo y equilibrado de las ayudas públicas destinadas a la reconstrucción. Cuatro años después de la catástrofe, denuncian que aún existen importantes desigualdades en el acceso a las compensaciones, con damnificados que siguen esperando indemnizaciones mientras otros ya han sido resarcidos.
El colectivo reclama especialmente al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que las ayudas económicas, las indemnizaciones y las inversiones en infraestructuras se distribuyan sin agravios comparativos, tanto en las cuantías como en los plazos de ejecución. A su juicio, la prioridad debe ser cerrar definitivamente los expedientes pendientes para que no existan afectados “de primera y de segunda”.
Según explican, todavía hay propietarios de segundas residencias y otros inmuebles que no han recibido compensación alguna, e incluso casos de primeras viviendas cuyos expedientes continúan sin resolverse. A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro de los terrenos ubicados en la denominada zona roja o zona cero, que podrían ser declarados espacios naturales protegidos sin que se haya aclarado qué indemnizaciones corresponderán a sus dueños.
Los damnificados advierten también de los retrasos en la reposición de servicios públicos básicos y de infraestructuras urbanas, un factor clave para que muchas familias puedan iniciar la reconstrucción de sus viviendas o retomar proyectos de vida y actividad económica.
En este sentido, subrayan que los fondos públicos movilizados tras la erupción deberían destinarse de manera prioritaria a compensar íntegramente el valor de lo perdido. Consideran que solo así todas las familias afectadas partirían de una situación de igualdad que les permitiría reconstruir segundas residencias, poner en marcha actividades comerciales y contribuir a la diversificación económica del Valle de Aridane.
El colectivo recuerda además el papel social y económico de las segundas viviendas, que permitían a muchas personas que emigraron por motivos laborales mantener el vínculo con su lugar de origen y sostener parte de la economía local durante sus estancias en la isla.
El Gobierno de Canarias ha anunciado recientemente que, tras completar el pago de las indemnizaciones al sector agrario, el siguiente paso será abonar las compensaciones a quienes perdieron segundas residencias, con una partida de 50 millones de euros incluida en los presupuestos autonómicos de este año. Un compromiso que los afectados reclaman que se ejecute con rapidez, recordando que en el ámbito agrícola se tramitaron más de mil expedientes y se ordenaron pagos por 100 millones de euros en apenas un mes.
Por último, los damnificados denuncian la falta de una auditoría o evaluación independiente sobre el uso de los fondos públicos destinados a la reconstrucción, lo que, a su juicio, genera desconfianza y una preocupante sensación de opacidad. “La burocracia se ha convertido en un segundo volcán”, lamentan, al tiempo que insisten en que la transparencia y la agilidad administrativa son imprescindibles para cerrar definitivamente una herida que sigue abierta en La Palma.
