Soldecanarias.net / Redacción Internacional
La imagen lo dice todo: Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y figura central de la política latinoamericana durante las últimas dos décadas, cumple desde este martes prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. La Corte Suprema del país confirmó la condena a seis años de cárcel por corrupción y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es el capítulo más dramático en la larga historia política y judicial de la dirigente peronista.
A las 10:00 de la mañana, el juez federal a cargo del caso ordenó la ejecución de la pena en su modalidad domiciliaria, alegando razones de edad y salud. Kirchner, de 72 años, se encuentra en su residencia del barrio porteño de Recoleta, rodeada por seguidores que han pegado pancartas y carteles denunciando una “persecución política y judicial”.
Una sentencia histórica
La condena contra Cristina Kirchner está relacionada con el llamado “caso Vialidad”, en el que se la encontró culpable de haber favorecido irregularmente a un grupo empresarial en la adjudicación de obras públicas durante su mandato como presidenta (2007–2015). La Justicia determinó que existió una estructura organizada de corrupción, con la entonces jefa de Estado como parte central del esquema.
La confirmación por parte de la Corte Suprema, sin votos disidentes, marca un punto de no retorno. En un país donde la impunidad política ha sido una constante histórica, el caso Kirchner representa un precedente jurídico sin comparación reciente.
Implicaciones regionales
El impacto de esta decisión va mucho más allá de la frontera argentina. Cristina Kirchner fue, junto a Hugo Chávez, Lula da Silva y Evo Morales, una de las caras más visibles del giro a la izquierda que vivió América Latina a principios del siglo XXI. Su caída simboliza el desgaste de ese ciclo político, así como la consolidación de una nueva etapa donde el poder judicial empieza a marcar límites a figuras hasta ahora intocables.
En un momento en que otros líderes latinoamericanos también enfrentan investigaciones —como Nicolás Maduro en Venezuela o Nayib Bukele en El Salvador por diferentes motivos—, la prisión de una ex presidenta argentina bajo condena firme por corrupción genera un precedente regional que será observado con lupa.
Reacciones divididas
Las reacciones en Argentina y fuera de ella son polarizadas. Mientras sectores del oficialismo denuncian una supuesta “judicialización de la política” y apuntan contra el “lawfare” (guerra judicial), la oposición celebra lo que considera “el fin de la impunidad kirchnerista”.
Desde organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se pidió acceso a los fundamentos completos de la sentencia para evaluar si se cumplieron los estándares de debido proceso. La Unión Europea, por su parte, emitió un comunicado señalando que “confía en las instituciones democráticas argentinas” y considera la decisión “un asunto interno del Estado de Derecho”.
¿Y ahora qué?
Con Cristina Kirchner fuera del escenario electoral y bajo arresto domiciliario, el peronismo se ve obligado a acelerar su proceso de renovación interna. La figura de Sergio Massa, ex ministro de Economía, y otros líderes jóvenes gana protagonismo en un movimiento que sigue dividido entre el kirchnerismo duro y los sectores más moderados.
Kirchner, por su parte, aún puede solicitar revisión ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque los tiempos de esas instancias son largos y de resultado incierto.
Un final simbólico
Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta de Argentina, una figura carismática, polarizante y central en la política del continente. Hoy, con una tobillera electrónica en el tobillo y una condena firme sobre sus espaldas, su trayectoria entra en una fase crepuscular que pocos habrían imaginado hace apenas una década.
En una región donde los líderes suelen desafiar las reglas con impunidad, el caso Kirchner plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está comenzando una era de verdadera rendición de cuentas en América Latina?
