Más de 60.000 personas piden al Cabildo de Tenerife y a su presidenta, Rosa Dávila, que frene la iniciativa por su impacto ambiental y social.
Soldecanarias.net / Guia de Isora
La oposición al proyecto turístico Underwater Gardens, previsto en la costa de Guía de Isora (Tenerife), se ha intensificado tras alcanzar más de 60.000 firmas la petición promovida por la plataforma Salvar Punta Blanca, integrada por una treintena de colectivos ecologistas, vecinales y culturales de toda Canarias. El movimiento ciudadano reclama al Cabildo de Tenerife, a su presidenta Rosa Dávila y al promotor Marc García-Durán la cancelación inmediata del plan, al que califican como “una amenaza directa para el litoral y un ejemplo de falso ecologismo”.
El proyecto contempla la construcción de un parque marino y turístico de más de diez hectáreas, parte de ellas sobre suelo rústico protegido, con instalaciones submarinas dentro de la Zona de Especial Conservación Franja Marina de Teno-Rasca, espacio natural que alberga el único santuario de cetáceos reconocido por la Unión Europea. Según los colectivos, la iniciativa vulnera la normativa ambiental y pone en riesgo un entorno de altísimo valor biológico.
“Nos venden una propuesta de regeneración marina cuando, en realidad, es un macrocomplejo turístico encubierto”, denuncian desde Salvar Punta Blanca, que acusa a los promotores de practicar greenwashing, es decir, utilizar un discurso de sostenibilidad para justificar la urbanización del litoral. Las organizaciones advierten de que la llegada de más de 3.000 visitantes diarios saturaría una zona ya afectada por la presión del turismo y agravaría la pérdida de biodiversidad.
El movimiento ciudadano, que cuenta con el respaldo de entidades como Greenpeace, ATAN y diversos clubes de surf, ha organizado movilizaciones, presentado alegaciones y coordinado campañas en redes sociales. Su objetivo es detener lo que consideran “un ecocidio planificado” y exigir que el Cabildo y el Gobierno canario impulsen medidas reales de conservación y control ambiental en lugar de autorizar grandes infraestructuras turísticas.
Los colectivos reclaman además la ampliación de las áreas marinas protegidas y la promoción de un modelo económico alternativo al turismo masivo. “Canarias no necesita más cemento ni proyectos que privaticen su costa, sino políticas que garanticen su futuro ecológico y social”, concluyen.
