La Justicia indaga posibles delitos ambientales tras casi un año de restricciones al baño por contaminación fecal en la costa de Puerto de la Cruz
Soldecanarias.net / Puerto de La Cruz
El Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto de la Cruz mantiene abiertas diligencias previas contra cinco responsables públicos por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín. La causa parte de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, después de que el baño permaneciera desaconsejado durante casi un año por la elevada presencia de bacterias en el agua.
Entre los investigados figuran el exalcalde portuense Marco Antonio González Mesa (PSOE); el concejal Alberto Cabo (ACP); el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara; el edil y teniente de alcalde David Hernández (ACP); y la consejera insular de Medio Natural y vicepresidenta del CIAT, Blanca Pérez (CC). Según fuentes judiciales, no se descarta que durante la instrucción pueda acordarse el archivo para alguno de ellos.
La investigación se centra en los episodios registrados desde junio de 2024, cuando Salud Pública detectó concentraciones elevadas de E.coli y enterococos en las aguas de baño. Aunque el primer informe técnico recomendó evitar el baño el 21 de junio, la restricción municipal no se formalizó hasta principios de julio y se prolongó hasta junio de 2025.
Los análisis llegaron a reflejar valores de hasta 1.000 unidades de E.coli por muestra, cifras que superan ampliamente los límites establecidos para considerar el agua apta. La Fiscalía advierte de que la exposición prolongada a este tipo de contaminación puede provocar enfermedades gastrointestinales, respiratorias e incluso infecciones de mayor gravedad.
En su denuncia, el Ministerio Público apunta a “importantes carencias” en la red de saneamiento del municipio y a deficiencias en el control de los vertidos procedentes de la EDAR Valle de La Orotava, cuyo emisario submarino en Punta Brava también está bajo escrutinio. Según el escrito, no consta que se hayan realizado controles estructurales periódicos ni que se hayan remitido regularmente datos de caudal a la administración autonómica durante la última década.
El caso también pone el foco en la utilización de productos químicos para reforzar la desinfección del efluente. Documentación oficial recoge que la empresa concesionaria solicitó una modificación contractual ante el incremento de costes derivados del uso de sosa cáustica e hipoclorito sódico. Un decreto firmado en noviembre de 2023 por la consejera Blanca Pérez reconocía la existencia de una fisura en la conducción del emisario y la necesidad de intensificar la desinfección mientras se abordaba su reparación.
Con la causa aún en fase preliminar, el juzgado deberá determinar si existió omisión de control o negligencia en la gestión de los vertidos que afectaron a uno de los principales enclaves turísticos del norte de Tenerife.
