Los partidos del Gobierno rechazan la propuesta del PSOE para imponer por ley una medida clave para las camareras de piso
Soldecanarias.net / Las Palmas de Gran Canaria
La propuesta del PSOE para establecer por ley la obligatoriedad de camas elevables en los hoteles de Canarias ha generado una fuerte división en el Parlamento autonómico. Los partidos que respaldan al Gobierno (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) han presentado enmiendas para eliminar el artículo central que fija esa exigencia, alegando que ya existen mecanismos preventivos en el marco legal actual.
La iniciativa socialista, impulsada en septiembre de 2024, pretendía establecer un calendario progresivo de instalación de camas elevables, una antigua demanda de las camareras de piso —colectivo mayoritariamente femenino— para reducir los riesgos laborales asociados a su trabajo. El Consejo Consultivo de Canarias avaló la legalidad y pertinencia de la medida.
Según el texto original, los hoteles de cinco estrellas tendrían que haber alcanzado el 30% de implantación en 2025, el 50% en 2026 y el 100% para 2029, con variaciones según el tipo de establecimiento. Pero los grupos que apoyan al Ejecutivo regional consideran que obligar por ley esta medida excede las competencias y supone un coste que debe regularse por vía reglamentaria, no legal.
El diputado socialista Gustavo Santana criticó duramente las enmiendas, calificándolas de “una enmienda a la totalidad encubierta”. “Es una burla al Parlamento y a las trabajadoras del sector”, afirmó, advirtiendo que sustituir una obligación legal por estudios ergonómicos no garantiza una mejora real en las condiciones laborales de las ‘kellys’.
Actualmente, solo el 12% de los hoteles en Canarias disponen de camas elevables y apenas el 5% cuentan con carros motorizados, según el estudio encargado por el propio Gobierno canario. Para Santana, esto demuestra que las medidas voluntarias no están funcionando, y que solo una ley firme puede revertir esa inercia.
Mientras el PSOE defiende su propuesta como una herramienta para dignificar un trabajo esencial y extenuante, el resto de grupos políticos la consideran una imposición excesiva que debe gestionarse a través de los planes de prevención de riesgos laborales ya existentes. La iniciativa sigue su curso en el Parlamento, aunque con un rumbo incierto tras las enmiendas presentadas.
