El sindicato critica la “irresponsabilidad institucional” del Ejecutivo regional tras el cierre judicial de dos centros gestionados por una ONG con antecedentes por malos tratos
Soldecanarias.net / Redacciòn
Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una dura crítica contra el Gobierno de Canarias por lo que califica como una “vergonzosa dejación de funciones” en la gestión de los centros de acogida para menores migrantes no acompañados. La denuncia llega tras el cierre judicial de dos centros en Gran Canaria vinculados a la organización Quórum Social 77, una entidad que, pese a contar con un historial previo de denuncias, seguía recibiendo contratos públicos millonarios.
En el más reciente de los casos, un juez ordenó el cierre inmediato de un centro en Arinaga que alojaba a 148 menores, y la detención de dos directivos de la ONG por presuntos delitos relacionados con malos tratos. Para CCOO, estos hechos son “la evidencia de un modelo de atención absolutamente fallido” y una prueba de que la administración ha convertido la protección infantil “en un negocio sin control”.
El sindicato exige responsabilidades políticas al Ejecutivo autonómico (formado por Coalición Canaria y Partido Popular), al que acusa de haber priorizado criterios económicos sobre los derechos de la infancia. “Han entregado la gestión de menores vulnerables a entidades sin solvencia técnica ni ética. Esto no es un error. Es una negligencia grave”, denuncian.
CCOO recuerda que el artículo 39 de la Constitución establece la protección integral de los menores como deber prioritario de los poderes públicos. Sin embargo, el sindicato considera que esa obligación ha sido ignorada: “La situación actual vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho y convierte a Canarias en una tierra sin garantías para los niños migrantes”.
Además de exigir explicaciones públicas y un plan de emergencia que incluya inspecciones exhaustivas, el sindicato reclama una auditoría completa de todos los centros del archipiélago y de los procesos de adjudicación de sus contratos. “No basta con cerrar centros una vez estalla el escándalo. Hay que revisar todo el sistema desde la raíz”.
En respuesta a la crisis, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que con el volumen actual de menores bajo tutela, es “difícil que los controles funcionen”, aludiendo a la saturación de los centros. Una declaración que ha sido duramente criticada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien la calificó de “temeraria”.
Torres reconoció que existe un problema de capacidad, pero señaló que “la saturación no justifica la comisión de delitos ni exime de responsabilidad a quienes adjudican contratos sin garantías mínimas”. Subrayó además que el caso sigue bajo secreto de sumario y que aún se desconocen detalles clave de la investigación.
Mientras tanto, crecen las voces que reclaman una solución estructural y solidaria a nivel estatal. CCOO también exige que se acelere el reparto de menores entre comunidades autónomas, alertando de que “Canarias no puede seguir siendo un territorio de contención sin recursos adecuados ni respaldo político suficiente”.
“Estamos hablando de menores solos, en situación de vulnerabilidad extrema. No son números ni cargas administrativas. Son personas con derechos. Y el Estado, empezando por el Gobierno canario, está fallando estrepitosamente”, concluye el comunicado del sindicato.
