Cristina Valido impulsa una enmienda en el Congreso para ampliar las funciones judiciales del Cuerpo de Policía Canaria, desatando la oposición de la Guardia Civil, que acusa de menoscabar su labor en el archipiélago.
Soldecanarias.net / Redacciòn
La polémica sobre las competencias de la Policía Canaria ha estallado en el Congreso de los Diputados tras una propuesta presentada por Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria (CC), para que el Cuerpo de Policía Autonómica asuma funciones judiciales. Esta solicitud, que busca implementar las competencias otorgadas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, ha generado una fuerte reacción por parte de la Guardia Civil, que considera que la medida menoscabaría su labor en el archipiélago.
Valido ha registrado dos enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de transferir a la Policía Canaria la competencia para investigar delitos relacionados con el control de juego, las explotaciones turísticas y la protección del medio ambiente, entre otras. La diputada nacionalista ha recordado que el artículo 148.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce a la comunidad la capacidad de crear y organizar su propia fuerza policial, dotándola de funciones judiciales para la persecución de delitos en ciertas áreas.
En su propuesta, Valido subraya que la Policía Canaria ya está colaborando en investigaciones judiciales, particularmente en el ámbito de delitos contra menores, como lo demuestra su labor en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Para la portavoz de CC, esta especialización y colaboración son prueba de la capacidad del cuerpo autonómico para asumir mayores competencias en el futuro.
Sin embargo, la propuesta ha desatado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), que acusa a Coalición Canaria de intentar «desmantelar» la labor de la Guardia Civil en las islas. La asociación argumenta que el Cuerpo de Policía Canaria carece de la experiencia y la formación necesaria para asumir competencias judiciales, y subraya la importancia histórica de la Guardia Civil en el archipiélago, que desde su fundación ha garantizado la seguridad y protección de los ciudadanos con profesionalidad.
Aprogc también alerta sobre el peligro de seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña, donde las policías autonómicas han asumido competencias judiciales en detrimento de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según la asociación, esta tendencia podría extenderse a Galicia y Canarias, debilitando las capacidades operativas de los cuerpos nacionales.
En cuanto al número de agentes, Valido ha resaltado el esfuerzo del Ejecutivo regional para expandir la Policía Canaria, con la previsión de alcanzar 560 agentes para el final de la legislatura, tras la incorporación de nuevos efectivos y la apertura de comisarías en todo el archipiélago. Además de los agentes propios, la Policía Canaria también cuenta con efectivos provenientes de las policías locales de las islas no capitalinas.
El debate sobre la reestructuración de competencias en materia de seguridad en Canarias está lejos de resolverse, y la propuesta de CC promete continuar siendo un tema central de discusión en los próximos meses. Mientras tanto, la Guardia Civil continuará cumpliendo con su labor en el archipiélago, con la misma vocación de servicio que la ha caracterizado desde su llegada a las islas en el siglo XIX.
