Coalición Canaria plantea una moción para instar al Gobierno de España a anular la obligatoriedad de la tasa de residuos, que, a partir de abril de 2025, repercutirá el coste íntegro de la gestión de residuos en los ciudadanos, perjudicando a las familias granadilleras y del resto del país.
Soldecanarias.net / Granadilla de Abona
Coalición Canaria (CC) de Granadilla de Abona ha presentado una moción al próximo pleno del Ayuntamiento para instar al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad de aplicar la tasa de residuos en todos los municipios. Esta tasa, prevista en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, entrará en vigor el 10 de abril de 2025, obligando a los ayuntamientos a trasladar el coste total de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadan
José Domingo Regalado, portavoz de CC en el municipio, explicó que esta ley transpone varias directivas comunitarias, como la Directiva 2018/851 sobre residuos, pero aclaró que, a diferencia de lo que establece la normativa española, la directiva de la UE no impone la obligación de establecer tasas de basura. En cambio, se enfoca en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, dejando a los estados miembros la opción de elegir los instrumentos económicos y medidas para incentivar estos objetivos, sin necesidad de imponer cargas económicas a la población.
El edil nacionalista expresó su rechazo rotundo a la medida, subrayando que esta tasa provocará un aumento en el coste de vida de los ciudadanos, especialmente perjudicando a las familias de menores ingresos. Regalado destacó que, lejos de fomentar la participación en la economía circular, la nueva tasa penaliza a los ciudadanos, ya que los municipios tendrán que repercutir el coste íntegro de las nuevas infraestructuras y servicios de gestión de residuos.
El portavoz de CC considera que la medida, lejos de incentivar la correcta gestión de residuos, podría obstaculizar la implicación ciudadana y la inversión en infraestructuras sostenibles, ya que los municipios, al no contar con fondos suficientes, se verán obligados a trasladar los gastos directamente a los ciudadanos. Regalado insistió en que existen otras maneras de incentivar el cumplimiento de los objetivos ambientales sin perjudicar la economía de las familias, como la inversión en infraestructuras sin que ello implique una carga adicional para los contribuyentes.
Con este planteamiento, Coalición Canaria de Granadilla de Abona exige una revisión de la normativa, argumentando que, en un contexto de creciente dificultad económica, imponer una tasa de residuos es una medida injusta que perjudica especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
