La nueva Ley de Ordenación Sostenible frena el crecimiento del sector y obliga a los ayuntamientos a decidir cuánto turismo vacacional puede asumir cada territorio
Soldecanarias.net / Redacciòn
El debate sobre el alquiler vacacional en Canarias entra en una nueva fase. La recientemente aprobada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas marca un punto de inflexión al delegar en los ayuntamientos la responsabilidad de regular esta actividad a través de ordenanzas municipales, una decisión que redefine el equilibrio entre desarrollo turístico y acceso a la vivienda.
El alcance y las consecuencias de la norma fueron analizadas durante el 63º almuerzo-coloquio del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), celebrado en el Spring Arona Gran Hotel, donde el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, expuso las claves de una ley que ha generado un intenso debate social y político.
Rodríguez defendió la necesidad de intervenir ante el crecimiento “desbordado” del turismo vacacional, que, según los datos manejados por el Ejecutivo autonómico, equivale actualmente a la capacidad alojativa de unos 700 hoteles de 500 plazas o a más de 70.000 viviendas. A su juicio, la ley ha logrado un primer objetivo inmediato: contener ese aumento, salvo en tres municipios Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla y Pájara que ya han adaptado su planificación.
El nuevo marco legal supone, según explicó, un cambio de paradigma. La Comunidad Autónoma fija las bases, pero son los consistorios quienes deben decidir, en función de su realidad urbanística y social, la capacidad de carga del alquiler vacacional. Para ello disponen de un plazo de hasta cuatro años para aprobar ordenanzas provisionales que regulen esta actividad dentro de sus competencias en materia de planeamiento.
El director general insistió en que no se trata de una invasión competencial, sino del uso de herramientas que los ayuntamientos ya poseen y que, en muchos casos, no han aplicado. La regulación del vacacional, subrayó, debe entenderse como una decisión política avalada por la práctica democrática local.
En cuanto a los objetivos de fondo, Rodríguez vinculó la ley a la sostenibilidad social, ambiental y económica del archipiélago. Entre sus efectos deseables citó la liberación de vivienda en zonas turísticas tensionadas, la reducción de desplazamientos diarios de los trabajadores y la mejora de su calidad de vida, además de un menor impacto ambiental asociado a la movilidad.
El responsable autonómico defendió también el modelo de un destino turístico que apuesta por la calidad y la sostenibilidad, destacando el papel del sector hotelero tradicional como generador de empleo, inversión e ingresos fiscales. En este contexto, señaló que un límite en torno al 10% de la oferta alojativa destinada al vacacional sería un umbral razonable para evitar distorsiones en el mercado residencial.
Hasta la fecha, la aplicación de la ley ha supuesto la baja de 145 viviendas vacacionales, una cifra que, según las previsiones del Gobierno, podría aumentar a corto y medio plazo con la regularización del sector y la salida del mercado de aquellos operadores que no cumplan los requisitos legales.
Durante el turno de preguntas, Rodríguez reconoció que el alquiler vacacional seguirá siendo una actividad rentable, aunque con menores márgenes, e hizo un llamamiento a la colaboración entre administraciones públicas y sector privado. El reto inmediato, concluyó, será comprobar si los ayuntamientos especialmente los de las zonas turísticas más saturadas cuentan con la capacidad técnica y política necesaria para gestionar una moratoria que ya está en vigor y cuyo impacto marcará el futuro del modelo turístico canario.
