La falta de compromiso del Estado y el bloqueo de varias autonomías impiden avanzar en la distribución de menores no acompañados
Soldecanarias.net / Las Palmas de Gran Canaria
La crisis migratoria que afecta a Canarias, y especialmente a la acogida de menores migrantes no acompañados, vuelve a poner en evidencia la soledad institucional del Archipiélago frente a una emergencia que desborda sus capacidades. La Conferencia Sectorial de Infancia, convocada para abordar el reparto solidario de estos menores entre las comunidades autónomas, no pudo celebrarse por falta de quórum, tras el plante de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, mostró su profunda indignación ante lo que calificó como “una falta de respeto institucional y humana”. “Mientras comunidades como Baleares se alarman por acoger a 200 menores, en Canarias llevamos dos años con más de 5.000 en centros desbordados, algunos con más de 400 niños en islas como El Hierro”, denunció.
Delgado apuntó también a la “inoperancia del Estado” como responsable de la parálisis. “El Gobierno central no ha sido capaz de articular una respuesta eficaz ni de asegurar una financiación que anime al resto de comunidades a colaborar. Y lo que es peor: ni siquiera cumple con su parte en el mandato del Tribunal Supremo”, afirmó.
La consejera acusó al Ejecutivo de actuar con tácticas dilatorias en las reuniones bilaterales Canarias-Estado, y denunció la “desaparición de voluntad política para hacer efectiva cualquier derivación”. Según detalló, en las últimas semanas el Ministerio del Interior ha tramitado 141 expedientes de protección internacional, 53 de ellos con resolución negativa, “lo que reduce artificialmente la lista de menores susceptibles de traslado”.
La única esperanza, subrayó Delgado, es que el Consejo de Ministros apruebe de una vez los decretos que desarrollan la modificación de la Ley de Extranjería. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el primer decreto se aprobará el 22 de julio y el segundo, relativo a la financiación y acogida ordinaria, el 26 de agosto.
“Si no se aplica la ley y no se produce el reparto equitativo entre comunidades, en septiembre nos enfrentaremos a una situación insostenible. No tendremos recursos ni personal, y lo peor: no podremos garantizar el bienestar de los menores que llegan”, concluyó la consejera.
