El Gobierno regional acudirá a la Conferencia de Presidentes con una posición unánime para exigir una distribución equitativa de menores migrantes no acompañados y políticas de Estado para abordar la crisis migratoria.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
Canarias refuerza su postura frente a la crisis migratoria con un renovado acuerdo entre las instituciones públicas y las ONG, impulsado por el presidente regional, Fernando Clavijo. Durante una reunión celebrada este 10 de diciembre, los Cabildos, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), los grupos parlamentarios (excepto VOX) y diversas organizaciones ratificaron su compromiso para reclamar en la Conferencia de Presidentes del próximo 13 de diciembre en Santander la modificación urgente de la Ley Orgánica de Extranjería y una gestión solidaria de los menores migrantes no acompañados.
Una voz única ante una crisis compartida
“Canarias afronta en soledad el drama migratorio con más de 5.500 niños y adolescentes bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Necesitamos una distribución equitativa que garantice la solidaridad del resto de las comunidades autónomas”, destacó Clavijo, subrayando que el documento consensuado representa “el modo canario de hacer política”, basado en la unidad y la defensa del interés superior del menor.
El acuerdo, inicialmente suscrito en julio, busca que todas las administraciones públicas participen en una solución coordinada. Sin embargo, en los últimos meses no se han producido avances en las Cortes Generales ni en medidas concretas del Gobierno central para atender la situación.
Reivindicaciones clave para la Conferencia de Presidentes
En la próxima reunión con los líderes autonómicos, Canarias exigirá:
- La reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, que permita una distribución obligatoria y solidaria de menores migrantes no acompañados.
- El impulso de una hoja de ruta nacional, que contemple todos los aspectos de la crisis migratoria como una prioridad de Estado, involucrando a todas las administraciones.
- El respeto al principio constitucional de solidaridad, considerando la especial incidencia de los flujos migratorios en territorios como Canarias.
El documento presentado resalta que la gestión de los flujos migratorios es una competencia exclusiva del Estado, mientras que la protección de menores no acompañados debe ser compartida entre todas las comunidades autónomas.
Una demanda justa y urgente
Con más de 5.500 menores migrantes bajo su protección, Canarias enfrenta una carga desproporcionada en comparación con otras regiones del país. La sociedad canaria, a través de sus instituciones y el tercer sector, ha ofrecido asistencia digna a estos menores, pero las capacidades están al límite.
“Las islas no pueden más”, reiteraron los firmantes, destacando la necesidad de una respuesta real y efectiva que contemple el principio de solidaridad para garantizar un futuro esperanzador para estos niños y adolescentes.
El encuentro del 13 de diciembre será una oportunidad crucial para que Canarias, con una posición unificada, exija al Gobierno central y a las comunidades autónomas medidas inmediatas para afrontar una crisis que trasciende lo local y afecta a la dignidad humana en todo el territorio nacional.
